Opacos y derrochadores

Durante sus campañas políticas prometen a los electores ejercer el cargo con austeridad, transparencia y honestidad, pero ya en funciones los regidores, diputados locales y federales, así como los senadores, entre ellos se fijan sus salarios y demás prestaciones, de las cuales no goza un trabajador promedio del país.

Y no conformes con lo anterior, ahora resulta que el comité de administración de la Cámara de Diputados apuró la contratación de diversos servicios y obras por un monto de 53.4 millones de pesos.

En su segunda reunión en la 65 Legislatura, el pasado 14 de octubre, desahogó pendientes y administrativos y aprobó dispensas de procesos de licitación y la asignación directa a proveedores determinados.

Los acuerdos permitieron erogar recursos del Presupuesto de Egresos de 2021 y evitar subejercicios que la obligarían a devolver recursos a la Tesorería de la Federación.

El monto aprobado es similar a los 53.7 millones de pesos que se etiquetaron para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en el Programa de Prevención y Atención de las Adicciones en la Secretaría de Salud y es el doble asignado al Programa de Atención a Personas con Discapacidad.

Las actas del comité, presidido por el panista Armando Tejeda, dan cuenta de la autorización de 14 contratos para los que se prevén excepciones en materia de licitaciones.

Los acuerdos fueron avalados por diputados de todos los partidos, menos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los legisladores aprobaron la asignación directa a la empresa Loragi Arquitectura Integral de un contrato por 8.5 millones de pesos para la rehabilitación y adecuación de escaleras, rampas y plataformas en los edificios A, B y H del recinto legislativo.

Por 8 millones de pesos, se acordó dispensar la licitación nacional y optar por la invitación a tres proveedores para contratar un servicio alterno de internet en caso de fallas con su proveedor actual.

También se aprobó la contratación por hasta 8 millones de pesos de servicios de digitalización y migración de documentos.

El comité de administración autorizó otras adjudicaciones directas a proveedores que ofrezcan las mejores condiciones para comprar y renovar licencias de bases de datos institucionales para la Cámara Baja por un monto de 5.2 millones de pesos.

Además, se autorizó la suscripción a bases de datos institucionales para la Cámara de Diputados, con pagos de hasta 5.2 millones de pesos, sin recurrir a la licitación nacional.

Por adjudicación directa se aprobó la compra de equipo de sonido, audio y video por un monto de 2.7 millones de pesos.

Así que los representantes populares que se supone deben vigilar que los recursos públicos se ejerzan en beneficio de la población, son los primeros en actuar con opacidad, porque a lo largo de su gestión no rinden cuentas ante los ciudadanos que residen en los distritos donde solicitaron el voto.

¿Sirve de algo que todos los diputados federales por Baja California sean del mismo partido o alianza?