Una sentencia internacional que condena al Sistema Judicial Mexicano

La semana pasada empezamos a ver este caso, de una sentencia o laudo dictado por un Tribunal Arbitral, en el que condenan al Estado Mexicano a pagar a un extranjero la cantidad de cincuenta millones de dólares por no ser capaz de que a un extranjero se le hiciera justicia y pudiera recuperar su inversión, a pesar de que tenía toda la razón jurídica.

Explicábamos que se trataba de un caso en que un empresario jalisciense solicitó y obtuvo de una empresa estadounidense un préstamo por más de 30 millones de dólares. Aquél incumplió con su obligación de pago y los juzgados estatales y federales, dependientes éstos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pudieron hacerle justicia y le negaron el derecho a cobrar el crédito.

El empresario jalisciense, para evitar el pago, falsificó documentos y promovió ante juzgados civiles de Jalisco la cancelación de las hipotecas, en las que supuestamente fue oída y vencida la empresa norteamericana.

El extranjero intentó probar la falsificación de su firma y personalidad, pero los tribunales de Jalisco y luego los jueces de distrito y los colegiados de circuitos, -todos estos últimos dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, le negaron al extranjero el derecho de probar la falsificación.

De esta manera se consolidó el fraude y el extranjero fue incapaz de recuperar su crédito.

Inconforme con estas decisiones, el extranjero, en los términos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, promovió un procedimiento de arbitraje, ante un Tribunal designado para ello. La demanda del extranjero no fue en contra del mexicano-jalisciense, sino en contra del Estado Mexicano, que no supo o pudo aplicar la justicia del caso porque su legislación no se los permitió. De ahí que condenó a México, es decir, al Estado Mexicano, miembro de dicho Tratado, a pagar al extranjero la suma de dinero que la sociedad Estadounidense no pudo cobrar del mexicano-jalisciense, a causa de los tribunales mexicanos, que no pudieron aplicar la justicia del caso, sino de derecho del caso.

Me explicaré: Todos los abogados mexicanos sabemos que los jueces de México, llámense estatales, federales o incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no están hechos para hacer justicia, sino para hacer derecho. Dadas nuestras leyes procesales, una persona puede tener la razón y el derecho, pero si no sabe cómo pedirla, perderá su derecho y la justicia.

México recibió sus leyes procesales de España, desde la conquista, pero no ha sufrido ningún cambio desde entonces, mientras España ha evolucionado considerablemente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede declarar una ley injusta e inconstitucional, pero si un ciudadano mexicano la reclama y millones no lo hacen, la ley se aplicará a todos los mexicanos, excepto al que solicitó el amparo.

De esta manera, las autoridades saben que pueden dictar leyes injustas y no les tiembla la mano ni les incomoda a su conciencia, pues saben que millones de mexicanos pagarán ese impuesto injusto, en tanto que cientos que se inconformaron, no lo harán: finalmente el Estado Mexicano cobrará y recabará dinero injusto, sin que nadie pueda decirles nada, porque simplemente no les importa a las autoridades.

Por esa misma razón, el tribunal arbitral condenó a nuestro país porque su sistema judicial no fue capaz de que al extranjero se le hiciera justicia y pudiera recuperar su inversión, a pesar de que tenía toda la razón jurídica.

No importa, pues, que ahora el ciudadano mexicano-jalisciense Héctor Cárdenas trate ante la periodista Aristegui justificar sus razones y las que los tribunales mexicanos le dieron, pues no es al mexicano a quien se está sancionando por su conducta dolosa y fraudulenta, sino al Estado Mexicano que no supo darle la razón y el derecho, a pesar de que lo tenía el extranjero.

Pero se nos acabó el espacio, por lo que continuaremos la próxima semana, quizás para cerrar este caso, o tal vez reanudemos los temas notariales, para seguir así llevando la Notaría hasta sus hogares.

*Titular de la Notaría Pública Número 5 de Ensenada

diegomonsivais@notaria5ensenada.com