LA BUFADORA

BUFADORA

Por: El Mosquito
sábado, 29 de enero de 2022 · 01:34

La empresa española “Aguas de Ensenada”, propietaria de la planta desaladora que opera al final de la avenida Pedro Loyola, lleva casi una semana sin reparar y poner en funcionamiento su línea de alta presión que cruza por la zona donde se construye el distribuidor vial El Gallo, donde se registró una fuga que obligó a suspender el suministro, que afecta a los residentes de 66 colonias de la ciudad, según lo precisó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe).

Y desesperado porque todos los reclamos van dirigidos precisamente a la paraestatal, su director, Jaime Alcocer Tello, convocó ayer a una rueda de prensa para aclarar que la empresa Aguas de Ensenada es la responsable de la operación y mantenimiento de su infraestructura hidráulica, porque así lo establece el contrato, razón por la cual la Cespe no puede intervenir dado que legalmente está impedida.

Entonces, la compañía privada que tiene la concesión debe atender de inmediato la situación, puesto que es su obligación, pero hasta el momento no muestra interés en hacerlo; mientras tanto, alrededor de 45 mil personas padecen desde hace seis días la falta de agua.

Esperemos que los diputados locales se involucren en el tema y exijan el cumplimiento del contrato, y que el gobierno estatal promueva una sanción a dicha empresa por su apatía. La población de este puerto no merece esta clase de trato por una trasnacional que cobra a 25 pesos el metro cúbico de agua.

Y así quieren ampliar su capacidad de producción a 500 litros por segundo.

Admiten recurso
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición para impugnar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022, en particular la reducción a recursos para temas como medio ambiente, atención a menores de edad, prevención del delito e igualdad entre hombres y mujeres.

Juan Luis González Alcántara notificó la admisión de la demanda, pero rechazó la solicitud de dar trámite prioritario al asunto, pues las minorías legislativas no están legitimadas para hacer esta petición a la Corte.

La admisión de la acción no suspende ni modifica, en ningún aspecto, el ejercicio del PEF tal y como fue aprobado y publicado.

Si González Alcántara toma demasiado tiempo para presentar su proyecto de sentencia, o si este no es listado para discusión en el pleno de la Corte antes de finales de año, el litigio quedara sin materia, pues el PEF solo tiene vigencia durante 2022.

La demanda fue presentada por diputados del PRI, PAN y PRD, quienes acusan que la mayoría de Morena y sus aliados violó el principio de progresividad en materia de derechos humanos, previsto en el artículo primero de la Constitución.

La acción pide a la Corte invalidar trece artículos y seis anexos del PEF, incluido el anexo 32 que contiene el recorte de 8 mil 38 millones de pesos que la Cámara le aplicó a las solicitudes presupuestales de órganos autónomos, principalmente del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Alertan sobre reforma

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, pidió a diputados del PAN evitar reformas que debiliten a ese órgano con medidas que impongan austeridad y controles a su autonomía.

Con vistas al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, ante la posibilidad de que se discuta la propuesta de reforma electoral, el consejero alertó de acciones recientes que han atacado al órgano electoral y que podrían continuar con las reformas.

Alertó que hay iniciativas que pretenden controles gubernamentales e intentos por acotar la autonomía institucional e independencia a las autoridades electorales.

“Cuidado con una reforma que, bajo el pretexto de rescatar la autonomía de las autoridades electorales, incluya mayores controles políticos, ya que a partir de estos controles se puede ejercer presión a las autoridades electorales”, dijo.

Señaló que también hay propuestas que pretenden establecer medidas de austeridad, como principio de las reglas de administración electoral, pero en su opinión se trata de generar condiciones de sumisión hacia las autoridades gubernamentales.

El presidente del INE también resaltó el hecho de que las reformas electorales se han aplicado antes de elecciones intermedias, por lo que consideró un riesgo que ahora se pretenda una reforma antes de la elección presidencial de 2024.
 

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