BARÓMETRO POLÍTICO

Las víctimas institucionales

Por: Susana Silva Gallardo*
martes, 4 de enero de 2022 · 00:00

Los últimos meses han sido caóticos en materia de reorganización de la estructura institucional en México.

Llevando siempre por delante de la Administración el sonado lema de los “tiempos de austeridad”, los años de gobierno de López Obrador han estado plagado de estrategias que pretenden, en teoría, erradicar las malas prácticas y la corrupción dentro del gobierno, al tiempo que se convoca a la austeridad en el accionar del gobierno federal para así aumentar los recursos que se orientarán al “desarrollo” del país.

Un desarrollo que se ha centrado más que nada en una imposición sistemática de megaproyectos que han resultado ser más bien polémicos.

Continuando con esta línea estratégica, parece ser que ahora el gobierno ha extendido esta estrategia a la existencia misma de ciertas instituciones, lo que en sí resulta preocupante y que podría contravenir los esfuerzos y acciones planteadas para temas prioritarios de la agenda internacional, aunque al parecer, no tanto así para la nacional.

Para algunos de estos organismos descentralizados, se ha planteado desde el gobierno que su existencia supone la duplicación de acciones y esfuerzos, por lo que sería mejor incorporarlos a otras instancias o Secretarías, con el fin de reducir los gastos y apelar a este plan de austeridad.

Pero emprender este tipo de acciones implica ignorar de entrada el propósito principal por el que existen en primer lugar este tipo de órganos descentralizados.

Sus características más importantes, por ejemplo, incluyen un cierto nivel de autonomía, lo que permite la agilización de los procesos en materia de desarrollo de políticas públicas; o también permite la priorización o enfoque especializado en temas que resultan -o deberían de resultar- de interés para el país.

En las últimas semanas, este ha sido el caso con órganos descentralizados como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), de los cuales se ha estado hablando de su desmantelamiento a través de propuestas políticas, reducción de personal o recorte de presupuestos.

El caso de los dos primeros se da también después de la decepcionante participación de México en la Conferencia de las Partes (COP26) del año pasado y según expertos y activistas, supone no solo una desarticulación institucional importante, sino también desmontar esfuerzos en materia ambiental en tiempos donde la crisis climática exige mayor compromiso de los gobiernos y países.

Por otra parte, plantear la desaparición del INALI -o su fusión siquiera con otra instancia federal- tiene una carga simbólica importante que conlleva un epistemicidio, pues pone en riesgo la existencia de las lenguas indígenas, así como los esfuerzos que sus colaboradores y activistas en general han realizado para preservar la herencia de sus pueblos originarios, en un país que les ha borrado y violentado sistemáticamente.

Finalmente, este tipo de estrategias por parte del gobierno federal dejan un sabor aún más amargo en la boca, en especial cuando instituciones que abordan temas importantes como los anteriores, que durante décadas han sufrido del abandono del Estado en materia presupuestal, impidiendo su correcto funcionamiento, se enfrentan con los riesgos de desaparecer, mientras la Administración engorda más y más los presupuestos de instancias como la Guardia Nacional y el ejército.

*Lic. en Relaciones Internacionales por el TEC de MTY campus Guadalajara

susanasilvag96@hotmail.com

 

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