Reforma electoral: cambiar todo para que no cambie nada

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, desde su creación, ha defendido y promovido la participación ciudadana. 
El año pasado se firmó un compromiso por la defensa de la democracia con el Instituto Nacional Electoral; un organismo que, para entender la Reforma Electoral, debemos estudiar con profundidad.
La Institución encargada de organizar las elecciones populares en México ha tenido distintas reformas integrales en su historia; desde cambios de presupuesto, sistema de operabilidad y transitorios en torno a los consejeros.
Sería un error aseverar que el INE de hoy es el mismo que el del año 2012, aún más irresponsable sería compararlo con el raquítico Instituto Federal Electoral que nació a raíz de las disputas democráticas de finales de la última década del siglo pasado. 
El Instituto Nacional Electoral de hoy, sanciona con multas millonarias a servidores públicos de todos los partidos cada año, emite cientos de miles de identificaciones e instala casillas electorales en las poblaciones más periféricas del país; todo eso con un presupuesto irrisible en comparación con el que reciben otras dependencias. 
La semana pasada, el Instituto recibió el premio a la “Cátedra Democrática” que otorga el Tribual Supremo de Elecciones de Costa Rica. 
La Cámara de los industriales ha sido contundente en su postura: las instituciones necesitan reformarse para mejorar, sin embargo, es necesario que la vocación de la reforma obedezca al progreso de la democracia en México, no a la voluntad del gobierno en turno.
Por ello, es indispensable hacer una revisión de las propuestas de la Reforma Electoral propugnada por el presidente de la república. 
En principio destaca la propuesta de bajar la representación en la Cámara de Diputados de 500 a 300 legisladores.
Esto no elimina la figura de los representantes plurinominales, pero sí disminuye la representatividad de los no diputados electos en la fórmula; el partido del gobierno, con esta reforma, tendrá mayor representatividad en el Congreso. 
Con respecto al orden interno del Instituto Nacional Electoral, la reforma propone un nuevo sistema de elección de los consejeros, que además pasarían a ser siete en lugar de once. 
Ya no serían elegidos por el Congreso de la Unión: la reforma propone una consulta pública, en la que los ciudadanos votarán por los siete mejores perfiles de una lista de 60 candidatos. 
De estos 60, 20 serán propuestos por el presidente de la república, 20 por la Cámara de Diputados y 20 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si reflexionamos en torno a las ultimas consultas populares a nivel nacional, el rango promedio de participación no llega ni al 10% (véase el caso de la encuesta de seguimiento del presidente en turno o la consulta para juzgar a los ex presidentes). 
Además, el INE, como muy pocos organismos públicos del país, tiene un servicio profesional de carrera; los consejeros tienen, sin excepción, una carrera académica desarrollada; para ser nominados por con el Congreso de la Unión a los máximos puestos del Nacional Electoral, deben tener una carrera impecable con atribuciones en la sociedad civil: se trata de un mecanismo que premia la meritocracia. 
Este no debería ser un cargo de elección popular, el profesionalismo obligatorio que requiere es mucho más grande el de un diputado o un senador. 
En suma, aunque esta propuesta está construida sobre la idea de reducir gastos, la elección de los consejeros costaría alrededor de ocho mil millones de pesos. 
Este hecho implica dos realidades que la reforma propuesta del ejecutivo ignora: primero, que una consulta de estas características jamás representaría la opinión de la mayoría y que, dentro en el mismo marco, atentaría contra el motor de toda institución confiable: su autonomía y segundo, hay muchos problemas integrales más urgentes que los que propone la reforma, por ejemplo, la exigua participación ciudadana en consulta y otro tipo de sufragios.
Aun así, como señaló el presidente nacional de CANACINTRA hace unos días “todo constructo es perfectible”; las instituciones deben estar en un constante proceso de modernización.  
El laureado historiador Yuval Noah Harari, escribe al respecto en su libro 21 lecciones para lecciones para el siglo XXI las instituciones son imprescindibles para la estabilidad de los principales mecanismos de la sociedad, y una institución es mejor en la medida en la que a pesar de sus buenos resultados, detecta sus errores y, desde dentro, los puede corregir. 
En Canacintra Delegación Ensenada, no nos oponemos a la modernización de los aparatos electorales, el INE en sí mismo siempre ha estado dispuesto a reformarse para progresar; sin embargo, la Reforma Electoral que se votará en el pleno las siguientes semanas no propone ningún cambio sustantivo en favor de los mexicanos; sus cambios son más bien políticos, y afectan la estructura interna de una institución, cuyo éxito depende de que mantenga su autonomía. 

*La autora es Contadora Pública, Licenciada en Derecho, Maestra en Impuestos y Derecho Corporativo Internacional y presidente de Canacintra Ensenada.