Organización rural y desarrollo regional

Es urgente, desde el gobierno, atender integralmente a los ciudadanos de la zona rural, que por siempre han permanecido olvidados en relación con el desarrollo y atención que se ha dado a la población de la ciudad.
La percepción que hasta hoy han tenido las Dependencias Públicas en relación con el campo, es que, siendo parte del territorio de la Entidad, es “su obligación atenderlo", para "cumplir", con independencia de incrementar o no su nivel de bienestar; consecuentemente, se cumple sosteniendo una estructura burocrática, que justifica la presencia del gobierno en la zona rural, pero que no responde a las expectativas de las poblaciones rurales.
Las obras las realizan la federación y los gobiernos estatales, pero en la mayoría de los casos sin coordinación o planeación interinstitucional, ni mucho menos con principios de transversalidad; esto es, que cada dependencia hace su propio programa de trabajo, sin considerar la rectoría que debe llevar esto. 
Lo mismo ocurre con los programas económico productivos que ejecutan las diferentes dependencias de los otros dos órdenes de gobierno, muy pocos por cierto actualmente, las que en el mejor de los casos se limitan a exigir que los apoyos para proyectos no se dupliquen, sin que exista una dirección que coordine a todos para crear proyectos integrales que permitan eficazmente y más rápido resolver los problemas de ingreso de las familias asentadas en la zona rural, incrementando su nivel de bienestar. 
Se debe crear un amplio y eficaz programa de obras que detonen las diferentes zonas rurales de cada entidad, por vocación productiva, particularmente la conectividad carretera y otras desde luego.
Sin embargo, todo ello no tendrá el éxito esperado, si no se trabaja, en un intenso programa de organización para la producción. Es necesario utilizar las figuras asociativas contempladas en la ley agraria, las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, las Uniones de Ejidos y las Sociedades de Producción Rural, entre otras, que hasta hoy han permanecido prácticamente ocultas o abandonadas, porque las dependencias que deberían fomentarlas no lo han hecho. 
Es prudente aclarar que si bien las SPR’S, sí se han constituido en mayor cantidad, lo han hecho de manera desarticulada y sin un plan organizacional que las atienda correctamente como figuras jurídicas de segundo grado, con las cuales se podría dispersar el financiamiento, por ejemplo.
Las dependencias encargadas de ello, la SADER, la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria del Gobierno del Estado, la Procuraduría Agraria y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (antes Reforma Agraria), entre otras, no contemplan un plan específico dedicado a la organización para la producción. Se ven solo como receptoras de solicitudes de los campesinos que acuden en demanda de atención, pero no hay iniciativa que promueva organizar a los productores con este propósito.
Las Uniones de Ejidos y ARIC’s, son un eficaz instrumento para el otorgamiento del crédito, además de garantía para la supervisión y seguimiento del mismo. 
Son también facilitadoras para la recepción de los subsidios y estímulos gubernamentales, porque los productores rurales en otros tiempos, estaban obligados a aportar un porcentaje del dinero que contempla el proyecto productivo, sin embargo, si bien tienen un gran potencial para la producción en su unidad rural, no tiene el efectivo con el cual complementar lo que aportaría el gobierno. 
Las mencionadas figuras asociativas de segundo grado, pueden hacer esa aportación, porque además de ser mejores sujetos de crédito, pueden ser dispersoras del mismo y llegar inclusive a ser intermediarios financieros formalmente. Sirven igualmente para supervisar la ejecución de los proyectos otorgados a los sujetos de crédito.

*El autor es jurista y promotor de economía solidaria
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