LA BUFADORA

TERMINA GESTIÓN

Por. – El Mosquito
lunes, 21 de noviembre de 2022 · 00:00


Alguien que se considera víctima de la misandria (aversión a los hombres), manifestada por la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), Elva Regina Jiménez Castillo, quien en una sentencia que le impuso ocasionó que lo procesaran dos veces -¡sí, dos veces!- por la misma causa, violándole con ello sus derechos constitucionales, pide que se designe pronto a la persona que la debe sustituir, tras permanecer en ese cargo casi 20 años.
El quejoso hace votos porque, quien sustituya a Elva Regina, sea alguien que emita resoluciones con base en la legalidad y respete el texto constitucional, porque considera que por su culpa no tuvo el beneficio del debido proceso, y que sufrió un tortuoso litigio, en el cual se hizo caso omiso de fallas procesales en beneficio de su contraparte -quien es legisladora local-, toda vez que en las sentencias emitidas se observa una alta carga ideológica, excesivamente parcial y sesgada en favor de su contraparte, o sea, la representante popular.
Sin entrar a fondo del debate, este mosco -que conoce muy bien a las partes del conflicto- sí cree que los magistrados del TJEBC deben atender los asuntos sin dejar sospecha de favoritismos y apegándose plenamente a la legalidad, ya que no es la primera queja que se entera sobre las resoluciones de ese tribunal estatal, que aparentemente tienden a favorecer a quienes les aprueban el presupuesto.


CUCHILLO DE PALO
Pregunta: ¿Por qué en el bacheo de calles dejan los agujeros más pequeños sin tapar? Respuesta: Porque son granjas de engorda de bachecitos de Jaime Figueroa Tentori.

 

 

COMO LÓPEZ PORTILLO
Durante su gestión como presidente de la república, el priista José López Portillo (1976-1982), durante la “celebración” del Día de la Libertad de Expresión”, declaró a los medios informativos que “no les pago para que me peguen”, y como si lo estuvieran parafraseando los actuales políticos en el poder, el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, reconoció que instruyó al diputado Mario Rafael Llergo Latournerie, representante del partido ante el INE, a “darle” con todo a los consejeros electorales.

En el informe del legislador del Llergo Latournerie, el dirigente señaló que la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal es para vivir una “auténtica democracia” y no tener consejeros electorales parciales, de los que no necesitan ayuda.
“¿Qué hay que mejorar de la reforma? ¿Por qué en México debe ser donde cuesta el voto más caro en todo el mundo? ¿Por qué resignarnos a tener consejeros que le rinden cuentas a los partidos políticos que los pusieron?”, cuestionó.
“No son árbitros imparciales, ellos piensan que confrontando al gobierno tienen mayor legitimidad; no les corresponde ser opositores. Queremos árbitros neutrales que velen por la democracia”, aseguró Delgado.
“(…) Por eso, queremos que los consejeros y los magistrados los ponga el pueblo y que le rindan cuentas al pueblo de México, no a los partidos que los ponen”, justificó.
Nada más le faltó decir que también podían designar a los consejeros por encuestas “transparentes”, similares a las que hacen para designar a sus candidatos.

 

YA NO ES REQUISITO
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) eliminó el requisito de presentar la cartilla del servicio militar para ingresar a puestos en el Poder Judicial, al reconocer que hay un derecho a no realizarlo por convicciones éticas o religiosas.
El Pleno del CJF quitó el requisito, en un acuerdo publicado el jueves pasado, que prácticamente declara inconstitucional que se pida la cartilla liberada para un cargo público, aunque hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia nunca se ha pronunciado sobre ese tema. 
“La redacción de los artículos citados resulta problemática en tanto que la cartilla militar genera discriminación laboral en razón de género, al ser sólo exigible a los hombres. Y atenta contra el derecho al libre pensamiento, conciencia, religión y convicciones éticas de los hombres que no suscriben tal servicio”, indica el acuerdo.
El CJF argumentó que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la Ley de Carrera Judicial contemplan la cartilla como requisito y tampoco se pide a quienes ingresan a laborar a la Suprema Corte.
Tradicionalmente, el servicio militar sólo ha sido obligatorio para los hombres, y voluntario para las mujeres, pero ni la Constitución, ni la Ley del Servicio Militar, hacen alguna distinción en razón de género, sino que se refieren a “los mexicanos” en general.
 

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