Costos y logros

Baja California fue la entidad que más aportaciones hizo al sistema electoral del país desde que se registró la alternancia política en la gubernatura en 1989, porque desde el ámbito local se fundó el primer instituto independiente responsable de organizar los comicios, además se creó un padrón de ciudadanos y la primera credencial para votar con fotografía, elementos que posteriormente se replicaron a nivel nacional, lo cual permitió erradicar los fraudes electorales y terminar con la simulación.
Sin embargo, en este momento, con el argumento de reducir los altos costos del gigantesco aparato electoral que existe en México, se pretende, a través de una reforma constitucional, eliminar entre otras cosas a los órganos y tribunales de carácter estatal, para que sólo sea la instancia federal la que se encargue de organizar las elecciones y sancione los resultados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y, a unos días de que en la Cámara de Diputados se discuta la reforma electoral, organismos electorales estatales advierten que suprimirlos o limitarlos implica atentar contra los derechos políticos de los mexicanos.
En el documento “Aportaciones para la discusión de una reforma político-electoral desde las entidades de la República”, elaborado por los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), se recrimina que no se dimensione la “magnitud y trascendencia” de sus tareas.
Por ello, ejemplifican una veintena de funciones que realizan, indispensables, aseguran, para darle certidumbre a los procesos electorales.
“Estas funciones que se explican, y muchas otras imposibles de plasmar, están en la realidad electoral de los estados y no hay forma de suprimirlas ni eliminarlas, sin que con ello se suprima y se elimine la competencia misma, la organización democrática de la disputa por el poder público en las entidades y, en suma, los derechos políticos de las mexicanas y los mexicanos.
“La desaparición de las autoridades electorales locales implicaría necesariamente un crecimiento exponencial de funciones y trabajo para una sola institución centralizada, que no sería profesional, ni especializada y sólo contaría con una estructura local temporal, ajena de las formas y la política local”, alertan.
Aunque el gobierno federal afirma que con la eliminación de institutos estatales habría un ahorro significtativo, los Oples aseguran que esto es falso, pues necesariamente el presupuesto del INE se multiplicaría.
“No se lograría el ahorro presupuestal que se pretende y, en cambio, se pondría en riesgo la calidad de las elecciones mexicanas, el ejercicio de los derechos políticos en nuestro país, y con ello, la vida democrática en su conjunto”, señalan.
Ante esto, piden a los legisladores una reforma electoral que respete, como ahora, el régimen federal constitucional y las particularidades y realidades propias de cada región.
“Cada organismo ha desarrollado capacidades técnicas e impulsado avances para la ampliación de los derechos políticos, garantizado su principal tarea: la renovación periódica, legal y pacífica de los gobiernos y las representaciones”, aseguran.
Gracias a esto, opinan, ha habido estabilidad política y social en cada proceso local, a pesar de que en varias elecciones se han registrado resultados muy cerrados.
Así en lugar de desarticular las instituciones electorales, si en verdad se pretenden realizar ahorros, se debe implementar el voto electrónico y eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, iniciativas que tienen muchos años congeladas en el Congreso del Estado.