Nada por el momento

Ante la insistencia de los reporteros por saber si la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda realizará cambios en su gabinete, en su conferencia de prensa de todos los miércoles, la mandataria estatal cortó de tajo los rumores y afirmó que en este momento no tiene contemplado llevar a cabo movimientos en su equipo de colaboradores, y cuando eso ocurra lo dará a conocer de manera oportuna.
Si bien ciertos analistas políticos acostumbran poner en capilla a varios funcionarios estatales de alto nivel, cuyos días aparentemente estarían contados dentro de la actual administración, esta costumbre de predecir despidos en el gobierno no es nueva, como también es normal que quienes comienzan no terminen en el cargo por diversas razones.
Por ejemplo, en la pasada administración estatal, que sólo duró seis años, hubo seis oficiales mayores, y muy pocos lo refirieron o cuestionaron.

Cuchillito de palo
¿Por qué ningún regidor promueve la limpieza y debida canalización del arroyo de Ensenada?

¿Pasarán lista?
La marcha a la que está convocando el presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo domingo 27 de noviembre, más allá de las lecturas que hagan sus opositores sobre este evento, también al interior de Morena habrá motivos para la polémica y las descalificaciones por el perfil de sus militantes y simpatizantes que asistan, entre ellos muchos funcionarios públicos electos y de designación.

Aunque la actual dirigencia nacional de Morena tiene su lista de militantes indeseables e incómodos, no podrán evitar que acudan personajes como el senador Jaime Bonilla Valdez, o el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y hasta el famoso “niño verde” Jorge Emilio González, cuya familia es propietaria… perdón, dirige el Partido Verde Ecologista de México, aliados de López Obrador.
¿Acaso le prohibirán al ‘señor de las ligas’ René Bejarano que haga acto de presencia?
Si por determinadas presencias los morenistas y el propio presidente descalificaron la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), también serán sujetos de la misma crítica.
También será interesante observar cuántos reconocidos morenistas no se suman a esta marcha.

Jueces electos
El presidente del Tribunal Electoral federal, Reyes Rodríguez Mondragón, defendió la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial con base en méritos y no el voto popular.
Al participar en un congreso internacional sobre ciencia política, sin aludir a la reforma electoral presidencial que se discute en la Cámara de Diputados, el magistrado Rodríguez remitió a experiencias en otros países que no han logrado los efectos deseados mediante el voto popular.
Citó a encuestas y experiencias empíricas en países como Ecuador, donde la elección de jueces por el voto popular tuvo escasa participación de los ciudadanos, o Estados Unidos, que registra la injerencia de poderes fácticos.
“Una de las conclusiones es que la ruta correcta, aunque podemos cuestionarla y replantearla, es que el diseño institucional se tiene que regir por un ingreso basado en el mérito”, señaló.
Además, dijo, se deberían tomar en cuenta los ascensos en la carrera judicial, las condiciones de permanencia, y evaluación constante de los funcionarios y su eficacia en los resultados.
Agregó que, más allá de que en teoría con el método de elección de trate de aislar a los jueces de injerencias externas, donde se ha intentado esto, el resultado no ha sido satisfactorio.
“Es importante el proceso de nombramiento en estos contextos porque los poderes judiciales tienen que servir, por un lado, de contrapeso a los poderes fácticos. Si bien los jueces pueden llegar a ser designados a través de procesos de votación, es importante atender que -aunque parezca una obviedad, pero la investigación empírica así lo demuestra- los poderes fácticos que pueden intervenir o participar en los procesos de designación, ya sea los partidos políticos o las empresas, pueden llegar a capturar a través de impulsar estas carreras judiciales, después incidir en la toma de decisiones”, alertó el magistrado.
En ese sentido, expuso que la aplicación de un modelo que aparentemente garantiza cierta imparcialidad o una mayor separación de los poderes políticos y los poderes públicos, tuvo efectos no deseados.