Desarrollo regional en el sector rural

La producción en el campo, si no va acompañada de políticas públicas que atiendan el desarrollo regional, difícilmente logrará consolidarse, ni elevar el nivel de bienestar de la gente del medio rural.
Desde luego no debemos soslayar que la producción agropecuaria en México, ha alcanzado niveles satisfactorios de calidad y rentabilidad, particularmente del sector exportador, sobre todo a Estados Unidos de Norteamérica, contribuyendo de manera importante en la balanza superavitaria con ese país, pero ello solamente con un reducido número de productores, quienes concentran una gran cantidad de tierra, en propiedad o rentada.
Por otra parte, en el campo mexicano tenemos una gran cantidad de propietarios de tierra con una reducida porción de ella, sin crédito y sin infraestructura suficiente para competir, enfrentándose a las difíciles fuerzas del mercado global, aun cuando el potencial es enorme.
Frente a esto, la participación del gobierno resulta de la mayor importancia. En el título segundo de la ley agraria, encontramos a cargo del ejecutivo una encomienda fundamental para el mejoramiento de la vida rural, la producción y el beneficio de sus pobladores.
Dice que la Administración Pública Federal propiciará el mejoramiento de las condiciones de producción, promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.
Los subsidios, tan reclamados en estos días, al reducirse sustancialmente el presupuesto para el sector, aun cuando fueran mayores o iguales que en la mejor época, de nada sirven si no se ejecuta la obligación a cargo del gobierno de mejorar las condiciones de producción, construyendo obras para el sector agropecuario, carreteras y electrificación lo menos, entre otras muchas.
Si esto ocurriera, los subsidios no serían necesarios, podrían substituirse con el crédito. En publicaciones recientes se dijo que la planeación resulta indispensable para el desarrollo del sector rural; que los estudios regionales serían herramienta necesaria para tomar decisiones de inversión pública e instrumentos de programación de obras de infraestructura que facilitarían la producción.
La inversión pública en el campo incrementaría la plusvalía de la tierra, atraería inversión privada y facilitaría el financiamiento. Estaríamos ante la posibilidad de lograr el desarrollo por virtud del articulamiento del trabajo rural, la creación de clústers de producción agropecuaria y de servicios.
En resumen, deben detonarse en todo el país una gran cantidad de zonas y regiones de desarrollo rural, con las características descritas.
Hasta hoy solo hemos tenido políticas públicas que atienden al sector con subsidios que en realidad no lo son, se han caracterizado más por comportarse como instrumentos asistencialistas que como incentivos que garanticen incrementar la producción y productividad del campo.
Han corrompido a los productores y generado organizaciones que no se conducen como representantes solidarias de los campesinos para ayudarles a crear, incrementar o consolidar sus negocios individuales o de grupo, sino como figuras asociativas que solo les importa obtener dinero del gobierno para su beneficio.
Hace bien el gobierno al reducir los subsidios, pero si esto no se convierte en políticas públicas que ejecuten un verdadero desarrollo regional, con obras de infraestructura, con efectiva planeación y atendiendo indicadores que demuestren incrementar el nivel de vida de la gente del campo, igual de mal estará el ejecutivo, que los que hicieron de los subsidios un modo de vida.
Los funcionarios son pasajeros, los campesinos siempre estarán ahí.

*El autor es especialista en derecho agrario y promotor de economía solidaria

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