La misma vara

Así como el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus huestes descalificaron la marcha del 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), con la misma vara se puede desacreditar el evento celebrado el pasado domingo en la Ciudad de México, donde miles de personas fueron movilizadas por el aparato de gobierno desde todas las entidades de la república, acarreo que nos recuerda la etapa del oro del priismo en el poder.
Se estima que más de seis mil autobuses llegaron a la capital del país de distintos puntos del territorio nacional, y a razón de 50 pasajeros por unidad serían alrededor de 300 mil personas que trasladaron para respaldar la figura del actual mandatario federal.
Sin embargo, más allá de las evaluaciones ideológicas que se hagan sobre ambas marchas, la realidad incuestionable es que los mexicanos estamos divididos y así vamos a llegar a las elecciones presidenciales del 2024.
Lo preocupante es que esta confrontación se fomenta desde el poder, que goza de personal, dinero y recursos materiales para aplastar a los grupos disidentes y llevar a cabo esta clase de actos masivos para satisfacer el monumental ego de su líder.
También queda claro, otra vez, que Morena es López Obrador, porque ningún otro personaje que milita o simpatiza con esa fuerza política es capaz de llenar el zócalo con su puro carisma, es más, no son capaces de reunir a sus vecinos en el parquecito que se encuentra cerca de su casa; es por eso que todos se cuelgan de la imagen del tabasqueño, y mientras él esté les puede funcionar.

Y por cierto, ¿qué hacía, Alonso Centeno Hernández, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) en la marcha chilanga? ¿Será que también tiene sus aspiraciones como todos los que han ocupado ese cargo?, porque nos habían prometido que dicha paraestatal dejaría de ser trampolín y caja chica de campañas políticas como en los tiempos panistas.

Ojo con SQ
Como andan distraídos en sus sueños de ser candidatos en 2024, los encargados de la política interna a nivel federal y estatal deben tener cuidado con lo que ocurre en el municipio de San Quintín, porque cada vez que se desatan las pasiones en el sur de la entidad tardan mucho en acudir quienes tienen la responsabilidad de servir de mediadores. 
Antes la Secretaría General de Gobierno del Estado tenía un representante plenamente identificado en Ensenada y San Quintín, pero en la pasada administración eliminaron tales posiciones, y cada vez que se presenta un conflicto, protesta o plantón, la reacción no es inmediata.
Hay quienes se jactan de su capacidad para aglutinar a todos en aquella demarcación, pero no se aparecen cuando comienzan las broncas, y eso que quieren contender por la presidencia municipal.
Quien ha tratado de cumplir con esa función, con un papel discreto y sin querer llamar la atención, es Julio Felipe García Muñoz, pero en el caso de San Quintín se requiere alguien de la zona con capacidad de generar consensos, a pesar de que sea un infiernito.

Derecho de las audiencias
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) descartó realizar lineamiento alguno sobre el derecho de las audiencias.
“Hay que revisar si se reviven los artículos anteriores y hasta que tengamos claridad podremos actuar en consecuencia”, afirmó Javier Juárez Mojica, comisionado presidente interino del IFT.
La Suprema Corte decidió que la LFTyR debería tener un estándar mínimo en protección de derechos de las audiencias por ser derechos constitucionales.
Por ello, invalidó el decreto por el que se reformaron diversos artículos de la Ley en 2017 al considerar que hay violaciones graves al procedimiento legislativo.
El IFT tenía facultad para vigilar el derecho de las audiencias, imponer sanciones y emitir lineamientos de carácter general, pero fueron invalidados hasta que la Corte decidiera.
En agosto pasado, la Corte invalidó la contrarreforma de 2017 y dejó intactos los derechos como estaban en la Ley de Telecomunicaciones de 2013.
Juárez Mojica lamentó que el engrose no aclaró los efectos de la inconstitucionalidad que se dieron en 2017 y actualmente no se pueda tener qué ley defina el actuar de los medios de comunicación y las audiencias.
El IFT tampoco contempla emitir algún lineamiento o postura sobre el tema pues se tendría que deliberar qué artículos y lineamientos son vigentes.