Campañas anticipadas

Además de la propagada “disfrazada” que hacen a su favor a través de las redes sociales, por distintos rumbos de la ciudad de Ensenada, al igual que en todo el país, se observan bardas y espectaculares con mensajes de apoyo a las precandidaturas presidenciales de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ambos militantes de Morena, quienes son las “corcholatas” preferidas de presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Aunque aspirar a contender por un cargo público no es un delito, en el caso de los funcionarios públicos electos o de designación la legislación en la materia estableció una serie de candados y sanciones para evitar que el erario y los programas sociales se utilicen para la promoción personal; sin embargo, esa normatividad actualmente es letra muerta y se viola de forma descarada desde las esferas del poder.
Tales prácticas provocan una grave alteración a los tiempos y reglas de competencia política, porque no existe equidad y deja en desventaja a los ciudadanos que militan en los partidos pero que no laboran en el gobierno.
De hecho, funcionarios de primer nivel y legisladores están en campaña permanente, porque siempre asocian su imagen a las actividades que realiza la dependencia a su cargo.
Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia discutirá el próximo lunes 7 de noviembre un proyecto que invalida un decreto aprobado por las mayorías de Morena en el Congreso, que blinda a los funcionarios de ser sancionados por hacer propaganda electoral mediante la expresión de opiniones o comentarios.
La ministra Yasmín Esquivel propuso a sus colegas anular el decreto por el que se Interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, Principio de Imparcialidad y Aplicación de Sanciones, publicado el pasado 17 de marzo.
El proyecto de la ministra da la razón a las dirigencias nacionales y bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, que alegan que el decreto fue expedido en violación a la veda del Artículo 105 constitucional sobre nuevas leyes electorales, que impedía emitir normas de este tipo en los 90 días previos a la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, que fue el 10 de abril.
Morena impulsó este decreto para que gobernadores, secretarios de Estado, alcaldes y demás funcionarios, pudieran promocionar la consulta de revocación, que sólo competía publicitar al Instituto Nacional Electoral (INE).
Pero el decreto se refiere a todo tipo de elecciones federales y locales, pues no sólo interpreta la Ley de Revocación de Mandato, sino también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Según el decreto, no constituyen propaganda gubernamental y, por tanto, no afectan la equidad en las contiendas ni deben ser sancionadas, “las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.
Lo único que califica como propaganda, es la difusión de logros o actividades de gobierno, financiada con cargo a partidas presupuestarias de comunicación social.
Habrá que espera entonces la resolución de la Corte, pero en los hechos resulta un descaro las manifestaciones, eventos, viajes, desplegados y campañas de promoción que la clase política en el poder lleva a cabo para conservar sus posiciones.