Primera batalla

El bajacaliforniano Gustavo de Hoyos Walther, a través de un video que subió a sus redes sociales, celebró que “el coordinador del grupo oficialista en la Cámara de Diputados (Ignacio Mier)”, anunciara que su partido -Morena- postergaría hasta abril de 2023 la presentación de su iniciativa para reformar las leyes secundarias que regulan el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, el ex dirigente nacional de la Coparmex sostuvo que tal decisión del partido en el poder refleja que “están dando un paso atrás, pero eso no es gratuito”, porque es una respuesta al efecto que causó en todo el país la marcha ciudadana que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre en defensa del INE.
Por tal motivo, exhortó a mantenerse alertas para evitar que se concreten más intentonas por “destruir” las instituciones electorales que con tantos esfuerzos se han construido en el país gracias a la participación de los ciudadanos, no por voluntad de los partidos.
Ya veremos si más adelante Gustavo de Hoyos confirma o desmiente los rumores de que no le haría el feo si recibe una invitación atractiva para contender por la presidencia de la república, porque está claro que las fuerzas políticas de oposición, en su interior, carecen de liderazgos con suficiente presencia y credibilidad ante el electorado.

¡Al fin!
Ninguna autoridad lo ha dicho y también extraña que de parte de la llamada sociedad civil tampoco nadie haya dicho algo al respecto, pero es de reconocerse que tras muchos años de reclamos, los semáforos del Bulevar Costero y de la avenida Reforma ya están sincronizado, y aunque todavía falta algunas vialidades en el proyecto total, no deja de ser una excelente noticia.
La sincronización de los semáforos forma parte de las obras y aportaciones que la empresa Energía Costa Azul hace a través de su programa de inversión social, cuya bolsa es de 500 millones de pesos.

Propicia ataques
Integrantes de la organización Artículo 19 acusaron que las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la organización, han propiciado amenazas de muerte, atentados contra su propiedad, acoso judicial y financiero, y asedio de personas que los vigilan y toman fotografías incluso afuera de sus casas. 
Representantes de esta organización, que data de 2007 y a la que el mandatario mexicano ha relacionado con el “movimiento conservador” y ha señalado que es financiada por empresas extranjeras y el Departamento de Estado de Estados Unidos, informaron sobre hechos violentos y agresiones en su contra. 

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, refirió que estos actos han sido efectuados tanto por personas no identificadas, como por instituciones de gobierno. Señaló que se han intensificado desde marzo de 2021, cuando fueron denostados por el presidente.
“Hemos estado sujetos a una enorme presión y hostigamiento por parte de poderes fácticos y formales nacionales y locales que han amenazado a la organización en diferentes momentos. Las agresiones más recientes se detonaron a partir de los ataques del presidente desde su conferencia de prensa matutina”, señaló. 
Precisó que tan sólo este año, la asociación ha sido objeto de por lo menos 18 ataques, entre los que destacan procedimientos de acoso judicial y administrativo, amenazas de muerte, atentados a la integridad del personal, campañas de desprestigio, ataques digitales, presencia de desconocidos que toman al exterior de sus oficinas y de sus domicilios, además de ataques en línea y verbales. 
“La palabra de un jefe de Estado cuenta y cuenta mucho. Tiene mucho poder su palabra y puede acabar con reputaciones y puede acabar moralmente con la credibilidad de periodistas y defensores”, expuso.

Pongan el ejemplo
Tras los reacomodos en el Congreso del Estado, donde el pleito entre morenistas y aliados es evidente, continúan las presiones para que el rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Daniel Octavio Valdez Delgadillo, comparezca ante el Poder Legislativo de Baja California, para que rinda cuentas sobre el dinero público que reciben anualmente y que autorizan precisamente los diputados locales.

Y ahora que ya se empoderó más el diputado morenista Manuel Guerrero Luna, quien ya despacha como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, no suena mal que exija transparencia a la máxima casa de estudios, pero sería ideal que el legislador también colocara en un aparador el informe de estados financieros del sindicato de burócratas que encabeza como parte de sus múltiples cachuchas, porque dicho gremio es bastante opaco, e igualmente sus integrantes viven del erario.