BARÓMETRO POLÍTICO

Extractivismo de derechos

Por: Susana Silva Gallardo*
martes, 6 de diciembre de 2022 · 00:00

Desde hace décadas, una de las principales luchas tanto de los pueblos originarios como de las periferias que habitan el territorio, ha estado orientada en su mayoría en contra de la explotación y expropiación de sus recursos naturales. Esto, a su vez, proviene de las indiscriminadas estrategias que han emprendido los grupos inmobiliarios, quienes por años han contado además con la complicidad de los gobiernos locales, estatales y el federal. De ahí que, lamentablemente, no sea extraño saber con frecuencia de acontecimientos donde pueblos enteros tienen que enfrentarse, con muy poco apoyo por parte de las autoridades, a megaproyectos que ponen en riesgo los recursos naturales de los que han gozado por años.
Recientemente, este ha sido el caso del pueblo de San Gregorio de Atlapulco y de Xoco, quienes desde hace semanas se han enfrentado al mismo gobierno a raíz de proyectos que amenazan su provisión tanto en recursos hídricos como de la tierra. Por un lado, el pueblo de Xoco lleva años luchando contra el megaproyecto comercial Mítikah, el cual ha amenazado a la población aledaña pues el complejo ha suscitado preocupaciones en torno a la provisión de agua, así como en temas de despojo y desplazamiento forzoso, consecuencias que están asociadas frecuentemente con el cada vez más popular fenómeno de la gentrificación.
Por otro lado, el pueblo de San Gregorio de Atlapulco en la alcaldía Xochimilco se enfrentó también a esta situación, pues un proyecto que el gobierno en turno ha justificado como un plan para mejorar las redes de drenaje y manejo de aguas residuales, para los pobladores ha generado desconfianza en tanto a la gestión del agua potable. Un recurso que a dicho de los pobladores, ha sido acaparado por este tipo de proyectos para proveer a la capital con el recurso.
La situación de los habitantes de San Gregorio, igual de preocupante y urgente como el de los pobladores de Xoco y de muchos otros pueblos originarios que padecen de esta misma violencia, tuvo un giro de tuerca, lamentablemente común en contextos de lucha y activismo en México, pues el encontronazo con cuerpos de granaderos y de la policía aumenta la desconfianza percibida no solo al interior de este grupo afectado, sino de la población en general hacia el actuar de las autoridades. Esto plantea nuevamente una reflexión crítica entorno al papel de los gobiernos locales y estatales ante la vulneración de los Derechos Humanos, y en ese tenor, de los más básicos como el derecho al agua y la vivienda.
En un contexto donde la narrativa de los partidos, independientemente de sus colores, aboga por la protección y apoyo a los pueblos indígenas, a la conservación de los recursos y del desarrollo en general, la práctica revela las mismas acciones y estrategias de antaño: las de la intimidación, las de los encapsulamientos, las de la violencia. El apoyo a los pueblos originarios en tanto sean proveedores de votos en lo político; la conservación de los recursos en tanto continúen siendo valiosos al mejor postor privado; el extractivismo de los derechos en pos de los intereses y beneficios propios no es algo ajeno a la política mexicana.

*Lic. en Relaciones Internacionales por el TEC de MTY campus Guadalajara

susanasilvag96@hotmail.com 

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