Nunca más Violencia Política en Razón de Género

En días pasados fuimos testigos de la agresión de connotación sexual de que fue víctima la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo por parte del presidente municipal Armando Ayala Robles, cuando en plena sesión de Cabildo la edil manifestó en el marco de su competencia, su argumentación en contra de la propuesta de Ley de Ingresos que este presentó, por considerarla desproporcionada y arbitraria para la ciudadanía.
Reprobable que la máxima autoridad municipal, quién es el primer obligado a cumplir y hacer cumplir el marco legal, sea quien se lo pase por el arco del triunfo.
Si el presidente municipal ignora este nuevo marco legal que protege precisamente el desempeño político de las mujeres, no lo exime de la responsabilidad de ejercer la violencia política en razón de género, como lo hizo con la regidora, con un comentario absolutamente misógino reduciéndola a "objeto" y no respetando su dignidad como mujer, como persona; pues es claro que ese comentario no se lo hubiera hecho a un hombre.
Lo menos que esperamos las mujeres es que las instituciones correspondientes apliquen todo el rigor de la Ley a este tipo de conductas, y si la irregularidad es grave que haya una sanción ejemplar para que nunca más un violento quede impune y que este tipo de conductas no continúen.
No podemos permitir que, a ninguna mujer sin importar su filiación política, se le violente en razón política de género. No olvidemos que la propia gobernadora emanada de Morena fue violentada en razón política de género y fue aplicada una sanción, esperemos que el caso de la regidora emanada de Acción Nacional no quede impune.
Y es que en la erradicación del machismo hay fuertes resistencias a perder sus cotos de poder por parte de quienes lo ejercen, es por eso que, a pesar de los retos alcanzados por las mujeres para lograr espacios de poder y tener un marco jurídico adecuado que les permita potencializar sus capacidades en el ejercicio de la política, el camino sigue siendo violento.
La lucha contra esta desigualdad no es nueva y aunque hay más mujeres que han accedido a cargos de elección popular, también es notorio que las barreras sistemáticas ahora son más visibles ya en el ámbito de su competencia, como ocurrió en el caso con la regidora.
No podemos olvidar que gracias al tesón de muchas mujeres de diversos colectivos, de diputadas, y senadoras, de magistradas, ex magistradas, etc., se logró impulsar las reformas de 2020 que representaron un avance sustancial para la vida política de las mujeres.
El marco jurídico que se planteó consistió en modificaciones en seis leyes generales y dos leyes orgánicas, se establecieron medidas de sanción y tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
En este contexto el INE implementó distintos mecanismos con la finalidad de inhibir la Violencia Política en Razón de Género.
Estas medidas incluyeron la reforma a los reglamentos de Fiscalización, de Comisiones, de Quejas y Denuncias, de Radio y Televisión, así como la emisión de lineamientos para el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Y se creó una plataforma para recopilar la información y hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. Mismo que en la actualidad tiene el registro de 252 personas sancionadas en el país, de los cuales 14 corresponden a Baja California.
En un ambiente de democracia no se puede permitir bajo ninguna circunstancia la violencia contra las mujeres, mucho menos en un estado con Alerta de Violencia de Género.

*La autora fue diputada federal