DESDE EL VIGÍA

Reprobados

jueves, 23 de junio de 2022 · 00:00

 
En la campaña presidencial de 1982 en México, tras la peor administración federal de la historia del país, el lema del entonces candidato del PRI, Miguel de la Madrid Hurtado, era "por la renovación moral de la sociedad", y 36 años después, en el proceso electoral de 2018, otra vez la principal oferta política, expresada por el ahora primer mandatario, fue precisamente erradicar la corrupción.
Sin embargo, por cuarto año consecutivo, México registró una caída en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), al sumar una calificación de 4.05 y colocarse en el lugar 12 de 14 países latinoamericanos evaluados.
De acuerdo con los resultados del índice CCC 2022, el país cayó 5% respecto de la calificación obtenida en 2021 (4.25) y 13% si se compara con la registrada en 2019 (4.65), cuando comenzó a elaborarse el estudio.
"El país experimentó retrocesos en todas las categorías, pero el descenso más pronunciado se produjo en democracia e instituciones políticas", señala el reporte que hoy se da a conocer.
"En esa categoría, México tuvo una fuerte caída en la variable que evalúa los procesos legislativos y de gobierno, lo cual refleja los esfuerzos percibidos por parte del Poder Ejecutivo para interferir en los asuntos legislativos y judiciales".
El estudio, elaborado por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, evalúa la capacidad de los países para combatir la corrupción mediante la evaluación de 14 variables agrupadas en tres categorías: capacidad legal, democracia e instituciones políticas, así como sociedad civil y medios de comunicación.
México obtuvo 3.68 puntos en la primera categoría, 3.72 en la segunda y 6.22 en la tercera.
Dentro de las variables, el país resultó peor evaluado en la referente a los procesos legislativos y de gobierno, en donde apenas rondó el medio punto.
"Lo cual refleja los esfuerzos percibidos por parte del Poder Ejecutivo para interferir en los asuntos legislativos y judiciales", refiere el documento.
En cuanto a la independencia y eficacia del organismo anticorrupción, México está por debajo de la media regional, pues, según algunos observadores, han sido utilizados para obtener beneficios personales o cuentan con nombramientos basados en motivos políticos.
Por tal motivo, la vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, Sandra Pámanes, presentó una iniciativa para crear la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas estatal, con la que se busca reforzar el combate en materia de corrupción.
En la propuesta se contempla que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realice informes de cada dependencia a través de auditorías semestrales, lo que deberá ser presentado al Congreso de Nuevo León en los meses junio y octubre.
También se promueve que, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, el órgano fiscalizador local audite las participaciones federales.
Otro de los aspectos de la iniciativa es el de dar facultad al Congreso local, a la ASE y a los ciudadanos, para presentar denuncias ante las autoridades correspondientes en caso de que exista el mal manejo de los recursos públicos.
Suena bien, ojalá y no se convierta en eslabón más, de la larga cadena de controles que cuestan mucho y resuelven muy poco.

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