Cifras mortales

¿Cuántos personas han sido asesinadas o permanecen en calidad de desaparecidas en México desde que el gobierno federal decidió declararle la guerra a la delincuencia organizada desde hace 15 años?
Antes de la transición democrática y de la apertura informativa, no es posible cuantificar el número de víctimas, pero de 1990 a la fecha las estadísticas que se tienen indican que los problemas delictivos que sólo se registraban en determinadas ciudades, como Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, pero hoy la violencia que genera el narcotráfico afecta a casi todo el territorio nacional.
Por tal motivo, los datos de incidencia delictiva del país tienen un subregistro que no permite dimensionar realmente el problema de la violencia y también es probable que las fiscalías los estén manipulando para maquillar las cifras, considera la organización Causa en Común.
Al presentar un análisis de las cifras sobre inseguridad reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la organización ciudadana indicó que hay indicios para suponer que las fiscalías locales reportan menos homicidios dolosos y secuestros de los que realmente llegan a conocer.
En el caso de los homicidios, explicó Luis Sánchez, investigador de la ONG, algunas fiscalías clasifican como culposos crímenes que en realidad fueron intencionales y esto se detecta porque ambas categorías muestran una relación estadística cuando no deberían tenerla, pues se trata de dos fenómenos criminógenos distintos.
“En cuestión de homicidio doloso, en el mes de junio se registraron ajustes en las cifras tanto en los meses de enero a marzo, en al menos seis estados y con algunas variaciones relevantes. 
“Por ejemplo, Baja California duplicó el número de víctimas que había enunciado en enero respecto a marzo, igualmente Sinaloa ha tenido la práctica de reclasificar algunos de los homicidios pasándolos de homicidio doloso a homicidio culposo”, expuso.
Además, señaló, existe una categoría dentro de la cual el SESNSP agrupa otros delitos denominados “contra la vida y la integridad corporal” los cuales han venido creciendo desde 2018 sin que se tenga claridad a qué tipo de ilícitos se refiere.
Ante tal escenario, líderes católicos, cristianos, evangélicos, bautistas y presbiterianos acordaron trabajar en conjunto para impulsar, desde su ámbito, acciones contra la violencia e inseguridad que aquejan al país.
A inicios de julio, tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzaron un llamado contra la violencia y convocaron a la sociedad en general a una Jornada de Oración por la Paz. 
Se registraron diversos mensajes de apoyo de otras corrientes religiosas a esta iniciativa, y esta semana anunciaron que se sentaron a dialogar y, en una especie de frente, realizarán acciones coordinadas.
“Como hijos de un mismo Padre nos dolemos junto con miles de hermanas y hermanos que han perdido seres queridos por asesinatos, desapariciones, feminicidios, trata y explotación de personas. Manifestamos que nadie debe vivir en este clima de violencia cotidiana”, exigieron.
Esas manifestaciones sin duda, son un despertar de consciencias que las autoridades de las más altas esferas de gobierno debieran poner atención.