La verdad imposible

Esta noche se cumplen ocho años del asesinato de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero, cuyos restos todavía no han sido localizados, razón por la cual permanecen en calidad de desaparecidos, y a pesar de los aparentes esfuerzos de las autoridades por detener a los presuntos responsables, las versiones oficiales de cómo ocurrieron los hechos resulta poco creíble.
La denominada “verdad histórica” que ofreció la administración que encabezó el ex presidente Enrique Peña Nieto acaba de ser desmentida por el gobierno federal actual, que calificó este caso como un “crimen de Estado”, pero tampoco sus explicaciones dejan satisfechos a los familiares de las víctimas, quienes, aseguran, desconocen el contenido del expediente -sin testar- de la comisión presidencial para la Verdad, y señalan que éste debe ser revisado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Sin embargo, la filtración del contenido de dicho informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa de la Presidencia, perjudica la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas y abre paso a la impunidad, reconoció el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
El pasado fin de semana se reveló que días después del asesinato de los estudiantes, en septiembre de 2014, criminales y miembros de los gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, desenterraron los cuerpos de los jóvenes de fosas cerca de Iguala para llevarlos al 27 Batallón de Infantería.
En el informe, se establece que este operativo, en el que participaron miembros de los tres niveles de gobierno, buscaba proteger a los funcionarios y sus aliados en el crimen.
El informe se hizo público hace unas semanas, con sus partes esenciales testadas, pero en el que se difundió sin testar aparecen una serie de mensajes que intercambiaron, dice la Comisión, funcionarios de todos los niveles, militares, policías e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos en los últimos días de septiembre y los primeros de octubre de 2014. 
Sostiene que la mayoría de los jóvenes fueron asesinados en la madrugada del 27 de septiembre, descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados entre Iguala y Huitzuco. 
Los últimos seis estudiantes, agrega el documento, estuvieron cautivos en una bodega varios días hasta que miembros del Ejército “se ocuparon de ellos”. 
Tras la filtración del informe, del cual no desmintió el contenido sin testar, Encinas condenó el hecho y urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar una investigación.
Al igual que la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la Ciudad de México, el caso Ayotzinapa sigue impune y cada vez se enrarece más, y en ambos episodios el papel de los militares ha sido cuestionado, situación que no han querido reconocer los gobiernos de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.
Cuando la complicidad alcanza los más altos niveles del poder público, es muy difícil que se conozca la verdad, por más comisiones especiales que se integren.