Susana Silva Gallardo*

En cuanto a impartición de justicia, en las últimas décadas México ha demostrado ser un país donde la impunidad y la corrupción han afectado enormemente los procesos penales, socavando en última instancia la confianza y la credibilidad de la población hacia las instituciones encargadas de realizar esta importante tarea.
Desde la base de dichas instituciones, los cuerpos policiales, por ejemplo, se han ganado a pulso una reputación negativa donde la percepción de estos como corruptos o violentos hacen sentir a la ciudadanía insegura. Subiendo hasta lo más alto de estas instituciones, últimamente y de a poco, esta percepción ha llegado a afectar para mal incluso a jueces, ya que las decisiones por las que se han decantado en muchos casos de alto perfil, terminan por poner en tela de juicio su veracidad y legitimidad.
Esta lamentable realidad ha sido el caso de María Elena Ríos, una saxofonista oaxaqueña quien, a 4 años de sufrir un ataque con ácido, recientemente ha tenido que enterarse de que uno de sus agresores y autor intelectual de su ataque, el ex diputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, podrá llevar su proceso en arresto domiciliario, a pesar de que desde 2020 se encontraba preso en el penal Tanivet, en Oaxaca.
Esta indignante situación abona a lo crítico de su caso, pues el hijo de Vera Carrizal, Juan Antonio Vera Hernández, se encuentra prófugo de la justicia y, de acuerdo con María Elena, una de las razones por las que no ha sido capturado es gracias a la influencia de ambos en la política y los favores de compadrazgo que le había otorgado la posición de Juan Antonio padre en esta esfera, una situación que se asemeja a un sinfín más en este país.
Mientras tanto, la decisión ha sido clasificada por María Elena de impune y revictimizante, quien con justa razón ha declarado que ahora teme por su vida y por la de sus familiares, algo que no es difícil de imaginar tomando en cuenta que su ataque fue fuera de su domicilio. Aunado a eso, no descarta que el arresto domiciliario pueda derivar en un escape de la justicia por parte de su agresor, algo que tristemente también se ha conocido como habitual en México.
Lamentablemente, esta situación se da en un momento donde la crecida de violencia en contra de las mujeres ha alcanzado niveles críticos, donde las agresiones y las desapariciones están a la orden del día. A pesar de esta realidad y de la evidencia que se encuentra en el día a día, el mensaje que envía la administración actual a casi 4 años de su gobierno es contundente, pues todo parece indicar que, en cuestiones de impartición de justicia, rendición de cuentas, no corrupción y reparación del daño, el gobierno Federal no está ni con las minorías, ni con las mujeres, ni con la ciudadanía, ni con las familias… mucho menos con las víctimas.

*Lic. en Relaciones Internacionales por el TEC de MTY campus Guadalajara

 susanasilvag96@hotmail.com