Impugnan “Plan B”

Por lo general los especialistas en materia electoral se encuentran en la oposición, porque en el gobierno hay múltiples evidencias de que sus abogados en la materia cometen pifias monumentales, como las que pretendió perpetrar Amador Rodríguez Lozano cuando se desempeñó como secretario general de Gobierno del Estado en la pasada administración.
Y en Baja California, los únicos que se especializaron en este tipo de legislación fueron Jaime Palafox Granados, quien hace rato que optó por dedicarse a sus negocios y alejarse de la política, y el otro es Carlos Barbosa, uno de los principales colaboradores del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon.
Así que será interesante saber quiénes son los abogados que asesoran a las dirigencias nacionales de PAN, PRD y PRI, que el lunes pasado impugnaron, por separado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación las reformas a las leyes electorales secundarias que propone el gobierno federal.

En los tres casos, el recurso de inconstitucionalidad tiene que ver con las leyes General de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre pasado.
Tras presentar el recurso, el dirigente panista Marko Cortés adelantó que los senadores de su partido presentarán un recurso más, mientras que los diputados de oposición presentarán una tercera impugnación.

Millonada a partidos
Los líderes de los partidos y el propio presidente de la república no se cansan de manifestar que debe desaparecer el financiamiento público que reciben los partidos políticos en México, que de hecho es doble, porque en cada entidad donde tienen registro se les otorga una partida, además de las entregas que hace el Instituto Nacional Electoral (INE); pero es tiempo que no prospera ninguna iniciativa de ley al respecto.
Mientras tanto, aquí en Baja California, la Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), resolvió por unanimidad avalar el dictamen número 13, en el que se aprueba la reasignación de partidas presupuestales correspondiente al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023.

La consejera electoral y presidenta de esa Comisión, Olga Viridiana Maciel Sánchez, precisó que dicho presupuesto es por la cantidad de 234 millones, 998 mil 045 pesos, el cual se compone de la siguiente manera: para gasto operativo del IEEBC la cantidad de 118 millones, 242 mil 350 pesos; y para el financiamiento público a los partidos políticos con registro en el estado se distribuirá la cantidad de 104 millones, 28 mil 787 pesos, y para instrumentos de participación ciudadana la cantidad de 12 millones, 726 mil 907 pesos.
Maciel señaló que el dictamen y sus anexos serán remitidos al Consejo General para que en sesión de pleno emitan sus consideraciones y, en su caso, sea aprobado.

Turismo legislativo
Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Sasil de León Villard, jefas de las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y de Encuentro Social (PES), así como el morenista Raúl Paz Alonso, viajaron con boletos de avión y viáticos pagados con recursos públicos para participar en los trabajos de la COP27, pero no pusieron un pie en la sede de la Cumbre sobre Cambio Climático que se desarrolló en Egipto del 6 al 18 de noviembre del año pasado.

Cada uno recibió 5 mil 720 dólares (113 mil 396 pesos) para sus boletos de avión y 46 mil 478 pesos de viáticos, lo que suma casi 160 mil pesos.
Datos obtenidos a través de una solicitud de transparencia al Senado y a la Cancillería, confirman su inclusión en la lista de ocho senadores que viajaron a Egipto, pero no hay registro alguno de su acreditación.

Fuentes parlamentarias y de la Cancillería confirmaron un mismo dato: personal de Relaciones Exteriores que vio en el avión a las dos senadoras les preguntó por el motivo de su viaje, puesto que no estaban acreditadas para participar en la Cumbre.
“Era imposible que pudieras entrar a la sede de la Cumbre si no tenías tu acreditación”, aclaró una fuente involucrada en el viaje.