¿Ley Muerta?

Ley de Participación Ciudadana y Ley 3 de 3
En lugar de tantas leyes absurdas que se aprueban en el Congreso -en todos los estados del país-, los legisladores deberían de procurar lo que es verdaderamente importante para la población, sin necesidad de que los ciudadanos tengamos que andar movilizándonos para lograr cambios positivos que lleven por resultado una mejor sociedad y gobierno.
¿A que nos referimos? A lo que acaba de suceder en el Congreso del Estado de Sonora, donde después de que diversos grupos de la sociedad civil -sobre todo de mujeres- trabajaron fuerte para lograr la aceptación de la iniciativa conocida como Ley 3 de 3 (Ley 3 de 3: contra la violencia hacia las mujeres) resulta que fue rechazada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales  con un argumento por demás vergonzoso: falta de personal para validar la información contenida en los folios entregados por las solicitantes.
Según explica la activista Ma. Elena Carrera, diversos grupos de mujeres se dieron a la tarea de recaudar las firmas -21 mil- que la Ley de Participación Ciudadana en Sonora -promulgada hace más de diez años y que desde entonces debió quedar lista para aplicarse- exige para poder dar entrada a una iniciativa. Y en el caso que nos ocupa la cifra se cumplió sobradamente -y con bastante esfuerzo económico y humano, por cierto-, pero ni aun así se logró el objetivo.
Y esto está sucediendo en todo el país, salvo contadas excepciones (como en Campeche donde la sociedad civil vio coronados sus esfuerzos). La iniciativa 3 de 3 ha quedado estancada y aquí, en Baja California Sur, se hizo el intento el año pasado, pero sin resultados positivos. Dos legisladoras: Ma. Luisa Ojeda y Roxana Higuera han alzado la voz, pero a la fecha no se ha logrado el objetivo. ¿Y en los demás municipios? Ni siquiera se ha dado la lucha.
¿Sabe el lector de que se trata esta iniciativa? De mejorar la elección de quienes deseen ocupar un cargo público. Así tal cual:  para evitar que lleguen al gobierno quienes hayan sido agresores de niñas, adolescentes y mujeres; que quien haya sido denunciado como deudor de obligaciones familiares, como acosador u hostigador sexual y/o por llevar a cabo actos que se tipifican como violencia familiar no puedan ser electos en cargos de representación popular.
Por increíble que parezca, lo que a cualquier ciudadano de bien puede parecerle lógico -y que de motu proprio deberían tipificar los legisladores-, a los integrantes de la Comisión de Gobernación de Sonora no les pareció importante la iniciativa. Rechazaron la propuesta, que por cierto ya ha sido aprobada en otros estados del país.
Los violadores, agresores en materia de género y deudores alimentarios no deben ocupar cargos públicos. Esa es la petición. Y nosotros agregaríamos: ni personas inmorales, indecentes y con historias turbias y acciones vergonzosas deberían ser nombradas candidatos o candidatas a nada por los partidos políticos, ya que lo que los ciudadanos deseamos es que la selección -que nos presenten posteriormente en las urnas- sea de los mejores hombres y las mejores mujeres, con probada ética y trayectoria de vida… no sólo con conocimientos y mucho menos producto de compadrazgos.
Sólo así avanzaremos. Por lo pronto, a seguir en la lucha para el logro de esta Ley 3 de 3, negándonos a aceptar la Ley de Participación Ciudadana como letra muerta.
Sin duda las mujeres tenemos la palabra. No hay de otra.

*Periodista sonorense con más de 30 años de ejercicio profesional. Activista social, fundadora y directora de la revista Mujer y Poder
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