Lentitud en la impartición de justicia en los tribunales unitarios agrarios

Grave problema aqueja a los campesinos en materia de justicia agraria, por la lentitud en la emisión de sentencias por parte de los tribunales agrarios en México.
La ley agraria es clara en cuanto al plazo máximo de veinte días para que los tribunales agrarios expidan sus sentencias, sin embargo, la realidad en la casi totalidad de los tribunales unitarios agrarios del país dista considerablemente de esta premisa. 
Nos encontramos con casos en los que las sentencias tardan desde seis meses, hasta un año y medio en ser emitidas, lo cual genera un grave perjuicio tanto para el desarrollo del campo como para los campesinos que buscan en ellos la tan anhelada justicia.
Es importante reconocer que los tribunales agrarios hacen un esfuerzo loable en el desempeño de sus funciones, pero se enfrentan a una reducción sustancial en su presupuesto que les impide contar con el personal necesario para cumplir con eficacia las tareas que la ley les encomienda. 
Esta situación repercute directamente en la impartición de justicia, ya que las sentencias que se emiten fuera de los plazos legales son igual de perjudiciales que aquellas que no se emiten en absoluto.
Urge, por lo tanto, dotar a los tribunales agrarios de los recursos necesarios en términos presupuestarios e infraestructurales para que puedan operar de manera eficiente. Es responsabilidad del próximo gobierno contemplar en su presupuesto el cubrir totalmente las necesidades materiales de los tribunales, así como proceder de forma urgente al nombramiento de nuevos magistrados que puedan ocupar las vacantes existentes.
Resulta preocupante el hecho de que el tribunal superior agrario se vea obligado a designar un solo magistrado para atender múltiples tribunales unitarios, situación que sin duda contribuye a la dilación en la impartición de justicia agraria. Es imperativo que se resuelva esta problemática a la brevedad, garantizando así que los ejidatarios y demás actores del sector puedan acceder a una justicia pronta y expedita.
La problemática se torna preocupante, ya que mientras en el pasado reciente la presentación de una demanda resultaba en un acuerdo que no excedía de una semana, en la actualidad los autos admisorios o preventivos, según sea el caso, tardan hasta un mes, lo que deviene en perjuicio de quien acude a los tribunales en busca de justicia. Ahora, las fechas de celebración de las audiencias igualmente se interpretan en retardo de la justicia, al programarse demasiado distantes.
En conclusión, es necesario un compromiso real por parte de las autoridades competentes para brindar a los tribunales agrarios los recursos humanos y económicos que les permitan cumplir con eficacia su labor y contribuir al desarrollo sostenible del campo mexicano.
Por otra parte, es importante también hacer un llamado a los propios tribunales para que no incurran en dilaciones burocráticas o innecesarias, argumentando falta de recursos económicos o materiales para hacer su trabajo. Hay situaciones que pueden resolver con independencia de la problemática presupuestal y que solamente implica criterio en sentido positivo.
La justicia agraria no puede esperar, es hora de actuar con determinación y celeridad.

*El autor es especialista en derecho agrario
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