Voces silenciadas, el precio de alzar la voz en México

El reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, no es un caso aislado, sino un reflejo brutal de la creciente violencia en México. Manzo alzó la voz contra el crimen y pidió apoyo para proteger a su comunidad, pero su muerte plantea una inquietante pregunta: ¿qué precio se debe pagar por alzar la voz en un país donde la impunidad y la violencia son moneda corriente? 
Su asesinato es emblemático de las consecuencias de las políticas de la cuarta transformación que prometían un cambio, pero que han generado una ola de violencia que silencia a quienes denuncian injusticias. Este fenómeno se repite en el caso de Minerva Pérez Castro, la empresaria pesquera de Ensenada, y en muchos otros, lo que nos obliga a reflexionar sobre la deteriorada calidad de la democracia en México y el alto costo del ejercicio de la libertad de expresión.
La violencia en México no sólo es una serie de actos criminales, es también una lección cruel que se impone a la sociedad. Las amenazas, los asesinatos y la impunidad actúan como un mecanismo para silenciar a quienes buscan la justicia o la verdad. El mensaje es claro y aterrador, alzar la voz es un riesgo mortal. Esta enseñanza, dolorosamente efectiva, ha generado un ambiente de autocensura en el que empresarios, periodistas, activistas, y hasta ciudadanos comunes prefieren permanecer en silencio antes que arriesgar su vida o la de sus seres queridos.
Aquí, en Ensenada, la muerte de Minerva no es una estadística lejana; es una señal clara de que la enseñanza del miedo resuena con fuerza en nuestras playas y mercados. Para muchas familias, la pesca representa más que un simple medio de vida; es su principal sustento. Estas últimas semanas hemos sido testigos de ataques criminales dirigidos a empresarios del sector restaurantero y pesquero, perpetrados sin pudor incluso frente a la Clínica 8 del IMSS, donde hirieron al propietario de una pescadería que repartía alimentos junto a su esposa a las familias de los pacientes. Hemos conocido casos de emprendedores que se han visto obligados a ceder ante la extorsión para salvar sus vidas. Desafiar las redes ilegales para defender a su sector implicó para Minerva un riesgo público que, lamentablemente, le costó la vida. Su asesinato ha difuminado la separación entre el ámbito económico y el físico, donde el crimen económico ha encontrado su escalofriante manifestación en la violencia letal.
Frente a esta crisis de integridad y protección, los actores económicos en México, incluidos empresarios y organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), enfrentan una responsabilidad monumental que no admite ambigüedades. Su silencio ante el crimen y la violencia no puede ni debe ser una opción. Ignorar el problema sólo perpetúa un ciclo de violencia que no sólo afecta a las víctimas directas, sino que también erosiona la confianza en el sistema democrático.
Es inmoral que el CCE se reúna con quienes tienen la responsabilidad de la política criminal y, en lugar de rendir cuentas por los crímenes recientes en el estado, ofrezcan promesas vacías sobre que “Ensenada será un polo de innovación”. Esto resulta particularmente cínico cuando los verdaderos indicadores de progreso deberían incluir calidad de vida, infraestructura educativa, opciones de esparcimiento, seguridad y estado de derecho, precisamente lo que Ensenada, el estado y el país necesitan urgentemente. El clamor por justicia de las voces silenciadas exige una respuesta contundente y decidida. La sociedad no puede permanecer pasiva ante un panorama tan desolador; es hora de unirse y exigir un país donde la valentía y la verdad puedan florecer sin el temor de ser estranguladas por el silencio de la impunidad. Es desolador reconocer que, en México, ya no es la autoridad gubernamental la que prevalece, sino la autoridad de los criminales.

*Ex diputada federal