Ensenada vende su autonomía por deuda

La situación que enfrenta Ensenada es alarmante y refleja un cuadro sombrío del poder local; una ciudad sin tesorero, sin cuentas claras y más de cuatro meses de contabilidad “perdida”. Este caos administrativo no es un simple accidente, sino un síntoma del desmantelamiento del gobierno municipal. En la actualidad, no sólo la alcaldesa Claudia Agatón ostenta el poder, sino también una acumulación de deudas históricas y decisiones improvisadas que han debilitado la autonomía del municipio, dejando su destino en manos de un Estado que se presenta como un “salvador” costoso.
Tal parece que Ensenada está ante una extorsión burocrática disfrazada de “convenio”. La reciente cesión al Gobierno del Estado de funciones esenciales como la cobranza de la cartera vencida del impuesto predial, la quiebra técnica que reconocen las autoridades, y el evidente desorden administrativo dentro de la alcaldía, revelan una pérdida real y alarmante de la autonomía municipal. Lo que se presenta como apoyo, en la práctica, tiene efectos de subordinación; Ensenada se encuentra en un camino peligroso, donde la soberanía municipal se va desapareciendo.
Las finanzas de Ensenada son críticas, arrastrando pasivos que superan varios miles de millones de pesos, incluidos compromisos históricos con instituciones como ISSSTECALI y el IMSS, juicios laborales, y créditos fiscales. Además, gran parte de las participaciones federales ya están comprometidas por descuentos previos, lo que limita drásticamente la liquidez del municipio. Sin dinero en caja, las capacidades de un gobierno local para tomar decisiones o responder a las necesidades de la comunidad se ven severamente restringidas.
En este contexto, el convenio que autoriza al Estado a cobrar el predial rezagado puede parecer, superficialmente, una solución pragmática. Sin embargo, es un golpe a la autonomía financiera municipal, pues legalmente, la recaudación de impuestos es una función municipal, y ceder esta potestad significa entregar el control sobre la hacienda local. Algunos regidores lo advirtieron con claridad, no es una simple coordinación, sino una transferencia de poderes que compromete la independencia del municipio.
Tal parece que es esta acción es más bien una extorsión disfrazada. Un municipio asediado por deudas y con funcionarios clave ausentes carece de la capacidad para negociar en condiciones de igualdad. En esta fragilidad, el Gobierno del Estado que encabeza Marina del Pilar se erige como la solución que, irónicamente, lo fortalece a expensas de la autonomía local. Si el remedio se traduce en restar funciones al municipio, surge la pregunta crítica: ¿quién realmente ha ganado en la lucha por la soberanía local?
El desorden interno ha exacerbado esta debilidad. Desde el inicio del mandato de Agatón, se han evidenciado problemas serios, una entrega-recepción incompleta, la imposición de funcionarios sin consulta, y un cúmulo de direcciones sin titulares como las de Transparencia, IMIP, FIDUE y Pasaportes. Los pagos irregulares y la misteriosa renuncia de un tesorero en un momento crítico solo agravan la falta de transparencia. Más grave aún, techos en servidores provocaron la pérdida de meses de registros contables. Un municipio que no maneja sus cuentas con precisión pierde poder en cualquier reivindicación de autonomía; su capacidad para argumentar y exigir se ve socavada.
Ensenada se encuentra en un punto crítico, el desdén por la realidad financiera y la ausencia de liderazgo efectivo no sólo han debilitado su administración, sino que también han suscitado la pérdida de autonomía frente a un Estado que se presenta como la única solución viable. La soberanía municipal necesita ser defendida con urgencia, desde la claridad en la gestión financiera hasta la revalorización de las funciones municipales. De lo contrario, la ciudad podría convertirse en un mero apéndice de un gobierno estatal que, bajo la apariencia de ayuda, busca reforzar su control sobre las decisiones locales. ¿O lo que buscan es eliminar al municipio de Ensenada?

*Ex diputada federal