Marina del Pilar: La inhabilitación de una gobernadora frente a la crisis migratoria

La situación que enfrentan los migrantes mexicanos en el contexto de las recientes redadas migratorias desencadenadas por la administración Trump en Los Ángeles, es una crisis humanitaria que nos interpela a todos. En medio de protestas masivas donde miles de personas han salido a las calles a defender sus derechos, la respuesta de las autoridades de Baja California, particularmente de su gobernadora, Marina del Pilar, deja mucho que desear.
Observamos cómo en California, el gobernador Gavin Newsom levantó la voz enérgicamente en defensa de los migrantes, solicitando la retirada de las fuerzas de la Guardia Nacional y denunciando la iniquidad de las acciones del presidente Trump. Mientras tanto, a sólo unos kilómetros al sur de la frontera, Marina del Pilar parece sumida en una especie de parálisis política. Su aparente desinterés por la situación de los migrantes que representan a una porción significativa de su población contrasta drásticamente con la actitud proactiva de su homólogo en California.
Los argumentos en contra de la gobernadora son contundentes. Desde denuncias de actos de corrupción hasta la falta de respuestas efectivas ante los retos que enfrentan los migrantes, se genera la sensación de que el liderazgo de Marina del Pilar es inadecuado. Es insostenible que, en lugar de liderar una respuesta contundente frente a la crisis, siga impulsando programas superficiales como la distribución de tarjetas de apoyo económico, que son más una medida de imagen que una solución real a las problemáticas sociales de su estado.
La inacción de la gobernadora se vuelve aún más alarmante al considerar las graves acusaciones que la rodean, las cuales incluyen vínculos con el crimen organizado y el lavado de dinero, tráfico de influencias y huachicol fiscal. Esto se intensifica tras la retirada de las visas tanto de ella la Gobernadora, como de su esposo, Carlos Torres, quien, según fuentes cercanas a su entorno, ya va rumbo a España, alcanzando a su hermano Luis Torres, que llegó a la madre patria unas semanas antes.
Además, su partida se produjo de manera rápidamente acomodada, sin que se le exigieran responsabilidades, a pesar de que la diputada panista Alejandrina Corral de del GPPAN ya había solicitado su comparecencia a través de la vía legislativa. Si, como se argumenta, su investidura se ha visto comprometida por estas acusaciones, es difícil no preguntarse cuán legitimadas están sus decisiones y acciones. El gobierno debe ser un reflejo de los intereses y derechos de la población, y en este caso, la gobernadora ha fallado en este aspecto.
La situación es aún más alarmante cuando consideramos que muchos de los migrantes, que muchas veces ven en Baja California la esperanza de un nuevo inicio, son también víctimas de ciclos de violencia y explotación. Esta es una responsabilidad que cualquier líder gubernamental debe afrontar con determinación y empatía.
Los bajacalifornianos se encuentran inmersos en una violencia extrema, exacerbada por un aumento significativo en los asesinatos que se ha registrado desde la retirada de la visa de la gobernadora. Casos recientes, como el hallazgo de una fosa con ocho jóvenes asesinados y semisepultados en Bahía de Los Ángeles, así como los crímenes y narcomantas que han aparecido en Ensenada, evidencian la grave crisis que asola al estado. Esta situación, que se vive día a día, es inaceptable y no puede ser ignorada.
Ante este sombrío panorama, surge una pregunta fundamental: ¿para qué sirve una gobernadora cuya capacidad para defender los derechos de los ciudadanos es cada vez más cuestionada y sin visa? Marina del Pilar había dicho que "no necesitaba visa para gobernar" y vemos que sí se necesita, pues esta imposibilitada de acudir al llamado del Gobernador de California y de sus connacionales para defenderlos. En este contexto el mayor servicio que Marina del Pilar puede ofrecer a Baja California es su renuncia. La gobernanza exige no sólo la voluntad de actuar, sino también la capacidad de hacerlo con compromiso y transparencia.
La defensa de los migrantes y la garantía de la seguridad en Baja California son responsabilidades que no pueden tomarse a la ligera. La gobernadora tiene un deber moral y político de proteger los derechos de aquellos que buscan refugio y un nuevo comienzo. Su inhabilitación moral y política pone de manifiesto la urgente necesidad de un liderazgo responsable que esté verdaderamente comprometido con el bienestar de la población. La lucha por los derechos de los migrantes debe ser una prioridad urgente, y es momento de que quienes detentan el poder actúen en consecuencia.

*Ex diputada federal