El campo mexicano en el olvido presupuestal

Más de la mitad del territorio nacional pertenece al sector social: ejidos y comunidades agrarias que, desde la revolución mexicana, han sido el corazón productivo y cultural de México. Sin embargo, la realidad que enfrentan millones de mexicanos que viven y trabajan en el campo dista mucho de la narrativa oficial que presume apoyo y compromiso con el desarrollo rural. La brecha entre el discurso y la acción se ha vuelto cada vez más evidente, sobre todo cuando se revisan los números fríos del presupuesto destinado a las dependencias encargadas de atender a este sector estratégico.
Desde hace casi una década, el presupuesto asignado a las instituciones del sector agrario y agropecuario, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, entre otras, se ha reducido en un alarmante 70%. Esta contracción presupuestal no sólo es incongruente con los compromisos legales y éticos del Estado mexicano, sino que pone en jaque la viabilidad misma de estas instituciones. Las consecuencias de este desmantelamiento silencioso son profundas y afectan a todos los mexicanos, no sólo a quienes viven en el campo.
Conviene recordar que los granos básicos y prácticamente la totalidad de los alimentos que llegan a la mesa de las familias mexicanas tienen su origen en el trabajo rural. El maíz, el frijol, el trigo, el arroz, las frutas, las hortalizas, la carne, los lácteos: todo proviene, directa o indirectamente, del esfuerzo cotidiano de ejidatarios, comuneros y pequeños productores. Sin embargo, lejos de fortalecer las capacidades productivas y organizativas del campo, el Estado parece haber optado por una política de abandono, reduciendo recursos y dejando a los campesinos en condiciones cada vez más precarias.
La Ley Agraria, en sus artículos 3 al 8, establece con claridad la obligación del Estado de promover el desarrollo rural integral, la organización para la producción, la asistencia técnica y el financiamiento. No se trata de una opción política, sino de un mandato legal. Sin embargo, la realidad muestra que, en vez de cumplir con estos imperativos, el gobierno ha preferido ignorarlos, condenando a millones de mexicanos a un nivel de vida reducido y perpetuando la desigualdad estructural entre el campo y la ciudad.
El colapso de las dependencias del sector agrario y agropecuario no es una amenaza lejana, sino una posibilidad real y cercana. La Sader opera con recursos mínimos, limitando su capacidad para apoyar a los productores; la Sedatu enfrenta enormes retos para regularizar la tenencia de la tierra y promover el desarrollo territorial; el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria están rebasados, sin personal ni insumos suficientes para atender la demanda de servicios; los Tribunales Agrarios acumulan rezagos que afectan la certeza jurídica sobre la propiedad social.
Este abandono presupuestal no sólo pone en riesgo la producción de alimentos y la seguridad alimentaria nacional. También amenaza la paz social, la cohesión comunitaria y el futuro de millones de jóvenes rurales que, ante la falta de oportunidades, se ven obligados a migrar o a buscar alternativas fuera de la legalidad.
Es urgente que el gobierno rectifique y asuma su responsabilidad histórica y legal con el campo mexicano. Incrementar el presupuesto a las dependencias agrarias no es un gasto, sino una inversión estratégica en el bienestar, la justicia y la soberanía alimentaria de México. Ignorar este llamado sería condenar al país a una crisis social, económica y alimentaria de consecuencias imprevisibles. El campo no puede esperar más.

*El autor es especialista en derecho agrario y cronista