La jefatura sectaria con funcionarios serviles

En la teoría clásica de la administración pública y en la práctica de los gobiernos democráticos funcionales, existe una premisa básica que rara vez falla: la capacidad técnica y la honestidad en el ejercicio del cargo público generan, por añadidura, lealtad institucional. No se trata de una lealtad personal, ni de una obediencia ciega al dirigente en turno, sino de una lealtad al proyecto de Estado, a las reglas del juego y a los principios que sostienen a la función pública. Cuando esta ecuación se respeta, los gobiernos operan con estabilidad, eficacia y legitimidad.
Sin embargo, en el México contemporáneo se optó por una fórmula inversa y profundamente nociva: privilegiar la lealtad política, real o simulada, por encima de la capacidad y el conocimiento. La consigna no escrita, pero repetida hasta el cansancio, ha sido clara: 90 por ciento lealtad y apenas 10 por ciento de capacidad. El resultado está a la vista y no admite matices complacientes. Esta lógica ha producido opacidad, ineficiencia administrativa, corrupción extendida y, paradójicamente, una deslealtad soterrada que carcome desde dentro a las propias estructuras del gobierno.
La lealtad impuesta o exigida como requisito principal no sólo es frágil, sino profundamente hipócrita. Funcionarios sin preparación suficiente, pero políticamente "confiables", suelen ocultar errores, manipular información y protegerse entre sí para sobrevivir en el cargo. En ese contexto, la transparencia se vuelve un riesgo, la rendición de cuentas una amenaza y la profesionalización un estorbo. La administración pública deja de ser un instrumento de servicio y se transforma en un botín burocrático.
Desde la perspectiva de la ciencia política, este fenómeno no es nuevo. Max Weber advertía que la burocracia moderna debía sustentarse en el mérito, la competencia técnica y normas impersonales. Cuando estos elementos se sustituyen por criterios de afinidad ideológica o fidelidad personal, el Estado pierde racionalidad y eficacia. Lo que emerge es un aparato público débil, capturado por intereses facciosos y sostenido por discursos, no por resultados.
A ello se suma un problema aún más grave: el papel del dirigente máximo. En un régimen democrático, quien encabeza el Poder Ejecutivo tiene la obligación de comportarse como estadista, es decir, como líder de toda la nación y no únicamente de su base política. El estadista entiende la pluralidad, gobierna para todos y modera el conflicto. El líder sectario, en cambio, exacerba divisiones, descalifica a la disidencia y reduce el ejercicio del poder a una lógica de amigos y enemigos.
El bajo nivel al que se ha posicionado el dirigente no es sólo una cuestión de estilo personal, sino una falla estructural con consecuencias institucionales. Al negarse a asumir su papel como líder de todos, el poder se fragmenta, se radicaliza y se empobrece. El discurso se vuelve excluyente, la política se reduce a consigna y la administración pública se subordina a la lealtad política antes que al interés general.
Gobernar desde la secta, y no desde el Estado, implica renunciar al consenso, despreciar la técnica y deslegitimar la crítica. En ese escenario, la lealtad no es un valor, sino un mecanismo de control. Y cuando el control sustituye a la competencia, la deslealtad florece en silencio: funcionarios que simulan obediencia mientras protegen agendas propias, redes de corrupción que operan bajo el amparo del discurso moral y una administración incapaz de resolver los problemas reales de la ciudadanía.
Recuperar la ecuación correcta no es un asunto retórico, sino una urgencia institucional. Capacidad y honestidad deben volver a ser el punto de partida. La lealtad verdadera, la que sirve al país y no al caudillo, llegará sola. Todo lo demás es propaganda, y la propaganda jamás ha sido un buen sustituto del buen gobierno.

*El autor es jurista y analista social

X: @ReyMagaa
Facebook: Rey Magaña
Youtube: Reynaldo Magaña
Instagram: reynaldo_magana
Treads: reynaldo_magana

reyconosil@gmail.com