Destino del dinero

La reciente entrega del informe de la Cuenta Pública 2024 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) vuelve a colocar en el centro del debate un tema que, por reiterado, no deja de ser preocupante, que es el manejo de los recursos públicos.
Los 65 mil 169 millones de pesos que la ASF ha pedido aclarar representa una cifra alarmante, porque se trata de recursos que pertenecen a los mexicanos y cuyo destino debe estar plenamente justificado.
El dato más significativo es que el 91 por ciento de los montos observados corresponde al llamado gasto federalizado, es decir, a los recursos que la Federación transfiere a estados y municipios para que atiendan necesidades esenciales como salud, infraestructura y servicios básicos.
Lo anterior implica que la mayor parte de las inconsistencias detectadas no se encuentran en el gobierno central, sino en el ámbito local, donde el ciudadano tiene un contacto más directo con la autoridad y por ende el impacto de una mala gestión se resiente de inmediato.
Para entidades como Baja California y municipios como Ensenada, este tipo de informes no debería pasar inadvertido; si bien el reporte es de carácter nacional, el esquema de gasto federalizado alcanza a todas las entidades del país.
Así que cada peso observado es un peso cuya aplicación genera dudas, y esas dudas se traducen en obras inconclusas, servicios deficientes o programas sociales que no cumplieron su cometido.
Cabe señalar que el “monto por aclarar” no significa automáticamente desvío o corrupción. La propia mecánica de fiscalización contempla la posibilidad de que las entidades solventen las observaciones y acrediten el correcto ejercicio de los recursos; sin embargo, el volumen detectado obliga a preguntarse si los mecanismos de control interno en estados y municipios están funcionando con la eficacia debida.
Otro aspecto que no puede ignorarse es el relativo a las auditorías practicadas cuando existen indicios de posibles irregularidades graves. 
Que se hayan realizado 28 de este tipo y que el monto por aclarar ronde los 2 mil millones de pesos revela que no se trata únicamente de fallas administrativas menores, sino de situaciones que podrían derivar en responsabilidades mayores.
En el orden federal también se registraron observaciones relevantes, incluidas aquellas relacionadas con empresas del Estado y organismos autónomos. Ello confirma que la obligación de rendir cuentas no distingue niveles de gobierno ni poderes públicos.
En este contexto, el papel de los congresos locales y de los órganos de control interno adquiere especial relevancia. 
No basta con esperar el señalamiento de la instancia federal; es indispensable fortalecer la cultura de la prevención y la vigilancia permanente. 
La disciplina financiera y la planeación responsable no son meros requisitos, sino condiciones indispensables para el desarrollo regional.
La sociedad organizada, por su parte, no puede permanecer ajena. Informes como el presentado ofrecen elementos para exigir claridad y resultados. 
La confianza en las instituciones se construye con hechos, con cuentas claras y con la certeza de que el erario se destina efectivamente al bienestar colectivo.
El reto, por tanto, es enorme, porque más allá de cifras y porcentajes, lo que está en juego es la credibilidad del sistema de fiscalización y, sobre todo, la eficacia del gasto público.
Si las observaciones se solventan con transparencia y se fincan responsabilidades cuando corresponda, se habrá dado un paso en la dirección correcta, de lo contrario, el informe será uno más en la larga lista de observaciones jamás aclaradas.