Baja California y el costo de ser “persona de interés”

La madrugada del 22 de febrero de 2026, los helicópteros que tronaron el silencio en Tapalpa no sólo marcaron el final de "El Mencho", también hicieron que, a muchos kilómetros, en el Palacio de Gobierno de Baja California, más de uno se enderezara en la silla. Porque el mensaje de Washington no se quedó en la sierra ni en el boletín; cruzó la frontera y se coló en cuentas bancarias, en listas de visas y en nombres que antes eran puro "se dice" y de repente empezaron a sonar con otro peso. Y lo más incómodo es que cuando la Casa Blanca señala, no apunta al monte donde se esconden los gatilleros; sino que apunta a las mesas donde se firman acuerdos, se reparten favores y se administra el silencio.
Apenas días después de Tapalpa se filtró y luego se hizo pública una acusación en Estados Unidos contra los hermanos Arzate. Entre medias verdades se coló un dato que puso a todos a voltear al norte. En notas periodísticas y referencias atribuidas a agencias estadounidenses, la gobernadora de Baja California aparecía como "persona de interés". Marina del Pilar lo negó con fuerza y, en lo legal, tiene un argumento claro; su nombre no está en el "indictment" que se presentó en una corte de California. Pero en el apuro por deslindarse, pierde lo más importante; que no esté acusada en ese papel no la saca del radar. Y estar en el radar de inteligencia de Estados Unidos, aunque sea "sólo" como interés, tiene costo político y prende focos al gobierno, sobre todo porque en estos temas Washington nunca habla de más, lo que suelta primero es el aviso de lo que viene después.
Además, no estar "acusado" no es lo mismo que no estar bajo sospecha. En el mundo de agencias como la DEA, el Departamento de Justicia o el Tesoro, las investigaciones avanzan por etapas largas y silenciosas, a veces guardan nombres para proteger informantes, no alertar a los investigados o no estropear operativos que cruzan países. Por eso, que una funcionaria sea catalogada como "persona de interés" no es un detalle sin importancia; es una señal de que sus finanzas, sus contactos y su círculo cercano están siendo revisados con lupa. Y cuando esa lupa viene del otro lado de la frontera, la política local deja de moverse a su propio ritmo y empieza a reaccionar al de Washington.
¿Por qué pesan más los rastros del dinero que cualquier declaración frente a los micrófonos? Porque, fuera del discurso, la política se mueve con billetes, se financia, se organiza, se sostiene. Y aquí no hablamos de "chismes de café", sino de reportes judiciales y testimonios recientes que mencionan "aportaciones" que nadie termina de explicar y rutas de dinero que, casualmente, acaban empujando operadores y campañas. Cuando el dinero sucio entra a la maquinaria electoral, no entra por caridad. Luego vienen los cobros, como favores, trato suave, puertas que se abren en oficinas públicas y la clásica "vista gorda" para que ciertos grupos trabajen sin estorbo. En pocas palabras, la gente vive con más miedo, los de arriba se blindan con impunidad y el sistema se empieza a pudrir desde adentro.
Tristemente en Baja California esas señales ya tienen nombres, hechos y consecuencias. La revocación de visas a la gobernadora y a su círculo no es un simple "trámite consular"; es presión y un mensaje político a todo volumen. Las sanciones del Tesoro y las listas de la OFAC contra negocios y operadores financieros de la región tampoco aparecen por capricho, sino que llegan cuando el rastro del dinero ya no se puede tapar.
Baja California no merece ser gobernada desde la sospecha. Merece claridad y un compromiso con la transparencia que ponga a la política al servicio de la gente y no de los hilos que mueven el dinero sucio.

*Ex diputada federal