Abrir energía

La discusión sobre la apertura del sector energético mexicano será uno de los temas centrales en la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pero ahora bajo mayor presión, porque más allá de los posicionamientos políticos, lo que está en juego es la viabilidad de un modelo energético que, en los hechos, ha limitado la participación privada y ha reforzado el papel de las empresas del Estado como ejes dominantes del mercado.
Es por eso que el reciente señalamiento de autoridades comerciales estadounidenses no resulta sorpresivo, porque desde hace varios años, inversionistas y gobiernos han advertido sobre cambios regulatorios en México que, lejos de fomentar la competencia generan incertidumbre.
La reducción en la vigencia de permisos, las restricciones logísticas en el manejo de combustibles y el rediseño institucional del sector apuntan en una misma dirección, que es fortalecer a las empresas públicas, aun a costa de inhibir la inversión privada.
Sin embargo, el punto medular de esta discusión no radica únicamente en las presiones externas, dado que México enfrenta un dilema interno de fondo. 
Por un lado, existe una postura oficial que defiende la soberanía energética como un principio irrenunciable, y, por otro, la realidad económica evidencia que la capacidad financiera y operativa del Estado es insuficiente para atender por sí sola las necesidades de un sector estratégico, intensivo en capital y tecnología.
En este contexto, resulta pertinente preguntarse si el cierre relativo del mercado energético responde a una estrategia de largo plazo o a decisiones de corto alcance con otro tipo de implicaciones, pues limitar la participación privada puede ofrecer control político, pero también reduce la innovación, encarece los costos y frena el desarrollo de infraestructura.
Especialistas han señalado que no necesariamente se requieren reformas constitucionales para ampliar la participación de la iniciativa privada. 
El marco legal vigente ofrece márgenes de maniobra que podrían aprovecharse para generar condiciones más equilibradas de competencia; esto implica, en esencia, voluntad política para ajustar criterios regulatorios, transparentar procesos y garantizar un trato no discriminatorio entre los sectores participantes.
Y el tema adquiere mayor relevancia en el ámbito internacional. El acuerdo comercial que México mantiene con sus socios de América del Norte no sólo regula aranceles, sino que establece principios de competencia y trato justo. 
Ignorar estos compromisos podría derivar en controversias que, además de tensar la relación bilateral, afectarían la confianza de los mercados.
A ello se suma un factor delicado, que es la situación financiera de las empresas estatales. La deuda acumulada y los adeudos con proveedores no son asuntos para minimizar, puesto que representan una señal de alerta sobre la sostenibilidad del modelo actual y la necesidad de incorporar esquemas que reduzcan riesgos y fomenten la eficiencia.
No se trata entonces de optar entre Estado o mercado como polos opuestos. La experiencia internacional demuestra que los sectores energéticos más sólidos son aquellos que logran un equilibrio entre regulación efectiva y participación privada. 
El desafío para México consiste en construir ese balance sin renunciar a sus objetivos de seguridad energética, pero sin cerrar la puerta a la inversión y la competencia.
En última instancia, el debate no debe centrarse únicamente en responder a presiones externas, sino en definir qué modelo energético conviene al país en el largo plazo.
La apertura, bien regulada, no es una amenaza a la soberanía, sino una herramienta para fortalecerla. Negarse a discutirlo, en cambio, podría resultar más costoso en el corto y mediano plazo.