Tratado obsoleto

El Tratado de Aguas de 1944, el cual determina la distribución hídrica entre México y Estados Unidos, enfrenta actualmente una realidad para la que no fue diseñado.
Pensado bajo supuestos de abundancia relativa y estabilidad climática, el acuerdo luce cada vez más desfasado frente a un escenario dominado por sequías prolongadas, eventos extremos y una presión creciente de los sectores agrícola, urbano e industrial.
Un estudio reciente de la Universidad de Michigan rebela que las estimaciones de flujo en las que se basaron las obligaciones del tratado fueron demasiado optimistas. 
Hoy, esos compromisos son, en la mayoría de los casos, simplemente inalcanzables sin sacrificar necesidades básicas de las comunidades mexicanas que se localizan en la franja fronteriza norte del país.
El diagnóstico es tan claro como preocupante, porque no hay más agua disponible, pero las rígidas obligaciones establecidas hace 82 años no corresponden a la nueva normalidad climática.
A ello se suma un elemento de inequidad que resulta difícil de justificar. Mientras México debe cumplir entregas quinquenales prácticamente inamovibles, Estados Unidos puede aplicar reducciones proporcionales en sus envíos en caso de sequía sin generar deuda. 
Este mecanismo, que en principio busca flexibilidad, en la práctica traslada el peso de la escasez hacia el lado mexicano. 
Es una asimetría que, bajo condiciones cada vez más extremas, representa un enorme riesgo para las entidades fronterizas.
Y las consecuencias pueden ser muy severas, y prueba de lo anterior son las cuencas específicas como la del Río Bravo, donde el cumplimiento del tratado depende en gran medida del Río Conchos, porque cuando este sistema entra en estrés hídrico -algo cada vez más frecuente-, la decisión es a quién se le quitará el agua para cumplir con dicho acuerdo internacional, dilema en el que México siempre pierde.
Pero quizá uno de los impactos más sensibles, y menos discutidos en el debate nacional, se encuentra en este extremo del país, aquí en Baja California, debido a que nuestro estado depende casi por completo de la cuota que México recibe del Río Colorado, una fuente vital para ciudades como Mexicali y para uno de los valles agrícolas más importantes del país; entonces, cualquier reducción en ese suministro -ya sea por sequía en la cuenca estadounidense o por la aplicación de mecanismos como la reducción proporcional- tiene efectos inmediatos y profundos.
En Baja California, el margen de maniobra es mínimo a diferencia de otras regiones, pues no cuenta con alternativas significativas de abastecimiento. 
La sobreexplotación de acuíferos ya es una realidad, y las opciones como la desalinización, aunque prometedoras, aún son costosas y todavía no se concretan.
En esta circunstancia, cada metro cúbico que deje de llegar del Río Colorado representa una presión adicional sobre un sistema hídrico ya al límite.
El tratado, tal como está, no sólo es rígido, es vulnerable a la variabilidad climática, a las tensiones políticas y a una demanda que no deja de crecer. 
Modernizarlo es una necesidad para introducir mecanismos más flexibles, compartir información hidrológica en tiempo real y, sobre todo, equilibrar las reglas del juego, como pasos indispensables para evitar que el acuerdo se convierta en una fuente permanente de conflicto.
Persistir en un esquema que ignora la nueva realidad del agua no hará que el problema desaparezca, al contrario, lo profundizará, y en ese escenario regiones como Baja California estarán entre las primeras en resentir las consecuencias de una política hídrica que no resuelve el presente.