Facilitar inversión

La apuesta del gobierno federal por facilitar la inversión en México, anunciada recientemente como parte del llamado Plan México, representa un esfuerzo por atender uno de los problemas que limitan el crecimiento económico del país, como lo son la excesiva burocracia y la incertidumbre regulatoria.
Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de iniciativas, el verdadero desafío es que su implementación sea realmente efectiva.
Las seis acciones presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, delinean una ruta hacia la simplificación administrativa, que incluye la creación de una ventanilla única digital, la reducción de trámites sanitarios, la agilización de autorizaciones y el establecimiento de plazos definidos para la aprobación de proyectos son medidas que, en el papel, responden a demandas reiteradas del sector empresarial.
Y particularmente relevante es el compromiso de emitir autorizaciones en un plazo máximo de 30 a 90 días, incluso considerar aprobados aquellos proyectos que no reciban respuesta en ese periodo. 
Así que este tipo de disposiciones podría marcar un antes y un después en la relación entre gobierno e inversionistas.
No obstante, conviene mantener una perspectiva realista, porque la experiencia indica que los cambios administrativos suelen enfrentar resistencias internas, inercias institucionales y limitaciones operativas que dificultan su aplicación. 
La digitalización de procesos, por ejemplo, requiere no sólo plataformas tecnológicas robustas, sino también capacitación del personal, coordinación interinstitucional y, sobre todo, voluntad política para evitar que los viejos vicios se reproduzcan en estos nuevos formatos.
En materia energética, el impulso a las energías renovables es una señal positiva en un contexto internacional que exige transiciones hacia modelos más sostenibles. 
Por tanto, incrementar la participación de fuentes limpias en la generación eléctrica, además de tener implicaciones ambientales, también son económicas, al atraer inversiones apegadas a criterios internacionales de sustentabilidad.
Sin embargo, será fundamental garantizar condiciones de certidumbre jurídica y reglas claras para evitar conflictos que en el pasado han frenado proyectos en este sector.
La inversión en infraestructura carretera, por su parte, refleja una visión de largo plazo orientada a mejorar la conectividad y competitividad regional. 
Para entidades como Baja California, donde la actividad económica depende en gran medida del comercio exterior, estos proyectos de inversión se mantienen en la agenda de prioridades desde hace décadas.
No obstante, la magnitud de la inversión anunciada exige mecanismos transparentes de ejecución y supervisión que aseguren el uso eficiente de los recursos públicos y privados.
En el ámbito fiscal, las medidas orientadas a evitar la doble tributación y limitar las auditorías a una revisión integral por ejercicio fiscal son pasos en la dirección correcta.
Por otra parte, la certeza jurídica es un factor determinante para la toma de decisiones de inversión, y cualquier avance en este rubro contribuye a mejorar la percepción del país como destino confiable.
Aun así, como han señalado diversos representantes del sector privado, estas acciones no constituyen una solución integral, debido a que persisten retos importantes, entre ellos la seguridad pública, la estabilidad regulatoria y la necesidad de fortalecer el estado de derecho. 
Sin atender estos factores, difícilmente se logrará detonar el potencial de inversión que el país requiere.
En suma, el paquete de medidas anunciado es, sin duda, un avance significativo, pero su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para traducir las buenas intenciones en resultados eficaces.
La simplificación administrativa no puede congelarse en el discurso, debe convertirse en una realidad estable para quienes apuestan por invertir en México.