Impuesto del crimen

La inseguridad ya no sólo representa una amenaza para la tranquilidad de los ciudadanos; también se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico, la inversión productiva y la competitividad de México.
Las recientes declaraciones de especialistas en inteligencia contra el crimen y representantes del sector empresarial confirman que la delincuencia organizada ha logrado imponer costos adicionales a las empresas, afectar la confianza de los inversionistas y limitar las oportunidades de desarrollo en distintas regiones del país.
Eduardo Guerrero, fundador de la firma Lantia Intelligence, advirtió que “la extorsión en las empresas ya es un problema masivo, de miles y miles de víctimas”, y sostuvo que los negocios están pagando un “impuesto al crimen organizado de entre 10% y 20%”.
Cuando una organización criminal obliga a una empresa a entregar parte de sus ganancias para poder operar, se trata de una forma paralela de tributación impuesta por la fuerza, sin regulación ni transparencia y bajo la amenaza permanente de la violencia.
Las consecuencias de este fenómeno trascienden las pérdidas económicas inmediatas. Según Guerrero, existen empresas nacionales y extranjeras que han cancelado o reubicado proyectos de inversión en entidades como Baja California, Sinaloa, Guanajuato y Tamaulipas, debido a las condiciones de inseguridad.
Y señaló que, en el caso de Baja California abandonaron proyectos de inversión, incluso ya en construcción, para optar por otra zona geográfica dentro del país y hubo otras que prefirieron abandonar sus planes de instalarse en México.
Cada proyecto suspendido representa empleos que no se generan, cadenas productivas sin consolidar y oportunidades de crecimiento que se trasladan a otros países.
La preocupación aumenta cuando la percepción de riesgo alcanza a los inversionistas internacionales, debido a que cualquier señal de inestabilidad institucional o de presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales puede convertirse en un factor determinante para la toma de decisiones empresariales.
Por su parte, Sergio Díaz, socio director de Vestiga Consultores, afirmó que “los cárteles mexicanos son el epicentro del crimen a nivel mundial” y cuestionó la falta de acciones más contundentes para enfrentar un fenómeno que ya rebasa las fronteras nacionales.
Aunque la afirmación puede generar debate, resulta innegable que la expansión internacional de los grupos criminales mexicanos ha colocado al país bajo una creciente observación de gobiernos, organismos internacionales e inversionistas.
A este escenario se suma otro problema igualmente corrosivo, que es la corrupción, y al respecto, David Eaton, gobernador electo del Distrito 4930 de Rotary International, recordó que “(…) la corrupción continúa siendo uno de los problemas más graves para el desarrollo empresarial y social del país”. 
Citó indicadores según los cuales cerca del 79 por ciento de los ciudadanos considera que esta práctica es frecuente en México.
La confianza, precisamente, fue definida por Alejandro Doria, presidente de Bulkmatic y de la Cámara Americana de Comercio (AmCham) Capítulo Noreste, como “la estructura invisible que sostiene el desarrollo”.
Por tanto, ninguna economía puede prosperar de manera sostenida cuando la incertidumbre, la corrupción y la violencia se convierten en situaciones cotidianas para quienes producen, invierten y generan empleos.
México posee ventajas geográficas, capacidad industrial y talento humano suficientes para consolidarse como una de las economías más atractivas del continente.
Sin embargo, mientras la extorsión, la inseguridad y la corrupción continúen elevando los costos de hacer negocios, será difícil aprovechar plenamente ese potencial.
Queda claro entonces que recuperar la confianza y garantizar condiciones de seguridad no sólo es una obligación del Estado; es una condición indispensable para asegurar el futuro económico del país.