BUFADORA

El PRI difundió el viernes pasado su convocatoria para elegir a su candidato presidencial, en la que pide más requisitos a sus militantes que a los aspirantes externos, como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

El documento establece que los cuadros priistas interesados en la postulación deberán entregar el respaldo de 25 por ciento de la estructura o de los consejeros políticos o tres firmas de sectores y organizaciones o 650 mil firmas de militantes.

Para reunir cualquiera de estos “apoyos”, los aspirantes priistas tendrán un plazo de 10 días, lo que implica que, en el último escenario, deberán recabar un promedio de 65 mil firmas diarias.

En contraste, los aspirantes que no militen en el PRI sólo deberán recibir el aval de la cúpula del tricolor, representada en la Comisión Política Permanente.

“Las personas aspirantes simpatizantes únicamente harán entrega del acuerdo de autorización que emita la Comisión Política Permanente”, refiere la convocatoria.

En los estatutos se detalla que, para pasar ese filtro, será necesario que el solicitante cuente con prestigio, fama pública, nivel de reconocimiento y competitividad para ganar.

Los externos tendrán entre hoy y el 30 de noviembre para informar de su interés a los órganos priistas.

Hasta el momento, sólo los ex gobernadores de Yucatán, Ivonne Ortega, y del Estado de México, Eruviel Ávila, así como el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, han expresado abiertamente su interés de buscar esa posición.

Además de Meade, también han sido mencionados como presidenciables Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño y José Narro.

Todos quieren
Al cierre de la convocatoria, el Senado reportó el registro de 21 aspirantes a encabezar de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La presidenta la Junta de Coordinación Política, la priista Ana Lilia Herrera, informó que turnarán los expedientes de los candidatos a la Comisión de Justicia para su análisis.

La comisión presidida por la senadora panista María del Pilar Ortega remitirá a la Junta la propuesta de uno o varios aspirantes para que el pleno elija al sucesor de Santiago Nieto en la Fiscalía.

La semana pasada, el Senado abrió la puerta para que dirigentes partidistas se pudieran apuntar como aspirantes al cargo de Fiscal Electoral y vigilar los comicios de 2018.

Con el voto a favor de varios senadores panistas, el bloque PRI-PVEM eliminó de la convocatoria el “candado” para evitar que el nuevo titular de Fepade tuviera nexos con las fuerzas políticas a las que debe castigar si violan la ley.

La redacción original establecía una prohibición para que no pudieran participar en el proceso quienes se han desempeñado como dirigentes, representantes nacionales, estatales, distritales o municipales de algún partido, durante los últimos seis años.

El Senado debe elegir al Fiscal a más tardar el 12 de diciembre.

No habrá elección abierta
Proclive a un escenario en el que el Frente Ciudadano por México postule a un candidato presidencial panista, Ricardo Anaya afirma que la aspiración del blanquiazul no es irreductible.

En medio de las presiones de Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle por una elección abierta, el dirigente nacional del PAN aclara que el Frente no caerá en la ingenuidad de permitir que el PRI intervenga para que el bloque opositor postule “un candidato a modo”.

Mencionado como uno de los aspirantes, Anaya reitera que decidirá si contiende una vez que se conozca el método que adopte el Frente Ciudadano para elegir abanderado presidencial.

Se dice convencido de que se concretará la coalición PAN-PRD-MC y que, juntos, ganarán la Presidencia en 2018.

“Entramos a la tercera etapa: la definición de mecanismos para elegir candidatos. Si seguimos trabajando con orden, disciplina y altura de miras vamos a concluir con éxito esta tercera etapa”, señaló.

También sostuvo que pareciera que ni el PRI, ni Morena ni el Frente definirán a sus candidatos mediante formas distintas que no sea un dedazo; sin embargo, dijo que en el caso del Frente, “hemos dicho que iremos a un mecanismo democrático; pero no vamos a cometer la ingenuidad de ir a un método que le permita al PRI y al gobierno entrometerse en la definición de nuestra candidatura presidencial. Sería un error gravísimo”.

¡Brujo!
Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, afirmó que existen poderes e intereses que buscan influir en la selección de jueces y magistrados del fuero común.

Al participar en el foro Reflexiones sobre el Impacto de la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), expuso que uno de los mayores retos para los jueces es preservar intacta la independencia e imparcialidad de sus decisiones.

“(La independencia judicial se debe) mantener imperturbable ante el acecho de los influyentes que todo lo quieren resolver con dinero o, bien, de las emociones fingidas o maximizadas de las partes, a efecto de influir en su ánimo”, indicó el representante del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante el SNA.