LA BUFADORA

BUFADORA

Por El Mosquito
domingo, 14 de enero de 2018 · 00:00

Con el voto de los consejeros Adriana Favela y Benito Nacif, y uno en contra de Claudia Zavala, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE respaldó un proyecto que sugería rechazar la adopción de medidas cautelares para prohibir a autoridades locales y federales desahogar actos masivos para entregar programas sociales, particularmente Prospera.

La Comisión determinó que respecto de posibles eventos a realizarse a nivel nacional para la entrega de beneficios del programa “Prospera”, se trata de hechos futuros de realización incierta y no se advierten elementos o datos que permitan considerar que, en lo futuro, se opere el mencionado programa social para entregar beneficios de manera indebida o bajo una vertiente que afecte la equidad en la contienda.

Sin derecho a voto, la consejera Pamela San Martín estimó que el órgano debió haber concedido la tutela preventiva y emitir una orden para que no se llevaran a cabo la entrega de programas sociales en eventos masivos, para evitar repercusiones de falta de equidad en las contiendas.

“Nadie está planteando que no se entreguen los programas sociales, pero hay un tema de la modalidad de entrega de los programas sociales, es decir, si se entregan directamente a los beneficiarios o si se entregan en eventos masivos, que por supuesto que traen presencia de servidores públicos y discursos que son en beneficio de una determinada agrupación”, planteó.

En opinión de la consejera, “resulta muy claro que los programas sociales pueden ser entregados en cualquier momento, pero lo que se ha establecido son reglas para la modalidad de entrega de los programas sociales. Es decir, los programas sociales no deben ser entregados en eventos masivos o con alguna modalidad que pudiera afectar la equidad de la competencia, precisamente, para evitar que haya un fin distinto para la entrega de bienes y servicios que representan una necesidad social”.

Al haber rechazado la Comisión la adopción de medidas cautelares, evaluó San Martín, de facto se permitirá la entrega de programas sociales en actos masivos.

Inhabilitan a directivo
La Secretaría de la Función Pública (SFP) dispuso la inhabilitación por un año de un directivo de la empresa Exportadora de Sal S.A. de C.V. (ESSA), quien presuntamente contrató de manera irregular el servicio de asesorías.

La SFP informó que el funcionario, del que no reveló su nombre, estará impedido para ocupar cualquier cargo, puesto o comisión en la Administración Pública Federal durante el año de vigencia de la sanción, que comenzó este mes y concluirá en enero de 2019.

“La SFP impuso dicha sanción tras detectar irregularidades administrativas en dos contratos de prestación de servicios profesionales y un convenio modificatorio, que se celebraron en los años 2013 y 2014”, señaló.

Con las contrataciones, detalló la dependencia, el servidor público sancionado buscaba recibir asesorías sobre un plan de indemnizaciones por riesgo laboral y sobre la normatividad vigente en materia de seguro de riesgos de trabajo, a fin de reducir las cuotas en esta materia.

“La SFP determinó que el servidor público sancionado no justificó la contratación de dichas asesorías mediante el procedimiento de adjudicación directa, además de que incurrió en falta de comprobación, supervisión y verificación de que los servicios contratados efectivamente hubieren sido prestados”, añadió.

El documento añadió que la Secretaría inició en 2016 un procedimiento de responsabilidad administrativa, que concluyó con la sanción contra el directivo de ESSA.

Exportadora de Sal es una empresa de participación estatal mayoritaria y, por tanto, sus empleados tienen el carácter de servidores públicos, por lo que pueden ser sancionados por la SFP.

La compañía es una de las principales productoras y proveedoras de sal para la industria del cloro-álcali en la cuenca del Pacífico.

Investigan tráfico de datos
El Instituto Nacional Electoral (INE), encontró indicios de irregularidades en archivos que contenían firmas de apoyo a candidatos independientes.

El consejero Benito Nacif explicó que, luego de aplicar un primer filtro de revisión, se confirmó el tráfico de rúbricas.

Adelantó que la próxima semana presentarán un informe pormenorizado de los avances de la investigación.

“Nuestra aplicación puede ubicar a quienes hicieron el trabajo de auxiliares y subieron estas imágenes a la base de datos del INE”, añadió el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Tras el hallazgo, los consejeros dieron vista a la Secretaría Ejecutiva para iniciar una investigación oficiosa, con miras a aplicar la ley y castigar cualquier eventual infracción.

“Hay tráfico de fotocopias de credenciales para votar que se está empleando para usurpar la identidad con fines políticos.

“El sistema permite la revisión automatizada de los apoyos. Coteja los datos de captura, arroja resultados y deja un archivo de ciudadanos hallados en listado nominal.

Con la investigación en curso, expuso, buscan garantizar la autenticidad de los apoyos a los aspirantes independientes.

“Al hacer una revisión adicional, abriendo los expedientes digitalizados, encontramos irregularidades”, detalló.

Hasta ahora, explicó, el ilícito involucra a candidatos independientes a diputados federales, pero podría extenderse a aspirantes presidenciales y a senadores.
 

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