Aseguran complot en asesinato de Berta Cáceres

AP
Ciudad de México

Un equipo internacional de abogados indicó el martes que el asesinato en 2016 de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres fue producto de un complot fraguado cuatro meses antes e insinuó que los jefes de una empresa constructora podrían haber ordenado el asesinato.

Un informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe) dijo que se había identificado a los “posibles autores intelectuales” del asesinato más allá de los ocho que ya están acusados, y que el crimen “no es un hecho aislado”.

“Hay evidencias del vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato”, dijo el grupo en una conferencia de prensa en la que se presentó formalmente el informe en Tegucigalpa, la capital del país.

Cáceres, quien recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman por encabezar a su pueblo indígena lenca en la oposición a un proyecto para construir una represa hidroeléctrica, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa durante la noche. Gustavo Castro Soto, un activista mexicano que estaba con ella, resultó herido.

Investigación independiente
Gaipe, integrado por cinco abogados de Estados Unidos, Colombia y Guatemala, fue formado el año pasado para realizar una investigación independiente por pedido de la familia de Cáceres y de su agrupación, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quienes temían que las autoridades no llevarían a los autores intelectuales a la justicia. Sus conclusiones no son legalmente vinculantes.

El informe se basó en decenas de entrevistas, archivos judiciales, informes independientes y lo que el grupo calificó de acceso parcial a las pruebas provistas por investigadores del gobierno, entre ellas “una fracción” de los archivos telefónicos que constituyen el meollo del caso.

Yuri Mora Carias, vocero del Ministerio Público hondureño, dijo que los ocho arrestados son los presuntos autores materiales del asesinato de Cáceres y que se ha recuperado el arma homicida, pero la investigación sigue abierta.

“Lo que está costando para el Ministerio Publico es llegar a quién pagó para el asesinato”, reconoció Mora Carias.

Según Gaipe, el asesinato de Cáceres “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia ... (y) actuaron en alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado”.

Honduras es el país más mortífero per cápita para activistas de la tierra como Cáceres, con 14 de ellos asesinados el año pasado, según un informe de Global Witness publicado en julio. Otros dos miembros de Copinh están entre los asesinados en 2016.