Siguen roces entre Bolivia y México

AP
La Paz, Bolivia

El Gobierno interino de Bolivia informó el miércoles que solicitó a México que dos ex ministros y otros tres ex funcionarios de la administración de Evo Morales, que están en su Embajada en el país, sean entregados para responder a la justicia.

El brazo derecho del ex presidente Morales, el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, su colega de Cultura, Wilma Alanoca, y otros tres funcionarios permanecen en la Embajada de México en La Paz, informó el miércoles la canciller Karen Longaric a la radio Erbol.

Morales renunció a la presidencia del país el 10 de noviembre y posteriormente se fue asilado a México. Desde allí ha dado declaraciones a diferentes medios y se presume que ha dirigido fuertes bloqueos en las últimas semanas, por lo que el gobierno de la declarada presidenta interina Jeanine Áñez presentó una queja formal a México.

Longaric explicó que entregó cinco órdenes de captura de las cinco ex autoridades en la víspera a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado.

ACUSADOS DE TERRORISMO
Quintana y Morales fueron acusados por sedición y terrorismo después de que la semana pasada el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentara una denuncia por sospechas que ambos lideraron las fuertes protestas que ocasionaron unas 32 muertes.

También a Alanoca porque en unas de las instalaciones del Ministerio de Culturas se encontraron bombas molotov de fabricación casera, además de pequeños cartuchos de dinamita.

“Esto sería un nuevo roce que tensionaría las relaciones con México”, dijo el analista político Jorge Dulón a The Associated Press.

“Y se podría tensionar aún más si desde la embajada no dan respuesta”, agregó.

Longaric advirtió que no se entregará salvoconducto para estas cinco personas. Señaló que, si México se niega a entregar a las ex autoridades, se puede generar que las cinco personas se mantengan habitando en la Embajada durante meses.

Bolivia vivió una crisis política y social después de las elecciones del 20 de octubre, en las cuales se encontraron “irregularidades” tras una auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Morales se declaró ganador, pero las protestas apoyadas por policías y militares le obligaron a renunciar.