MUNDO
Reconocen en Italia delito de feminicidio
La nueva legislación impone cadena perpetua para asesinatos de mujeres y endurece castigos por delitos de género
AP
Italia
El Parlamento de Italia aprobó el martes una ley que incorpora el feminicidio al derecho penal del país y lo sanciona con cadena perpetua. La votación coincidió con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, designado por la Asamblea General de Naciones Unidas.
La propuesta obtuvo apoyo bipartidista, tanto de la coalición de centro-derecha en el gobierno como de la oposición de centro-izquierda, y fue aprobada en la Cámara Baja con 237 votos a favor. La iniciativa, impulsada por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, surge tras una serie de casos de violencia extrema contra mujeres en Italia y contempla medidas más severas contra delitos de género, incluidos el acoso y la difusión no consensuada de contenido íntimo.
Casos de alto impacto nacional, como el asesinato en 2023 de la estudiante universitaria Giulia Cecchettin, han provocado indignación generalizada y reavivado el debate sobre la violencia machista en una sociedad donde persisten fuertes rasgos patriarcales. Meloni destacó que su administración ha duplicado los fondos para centros de atención y refugios, ha fortalecido líneas de emergencia y ha impulsado nuevas iniciativas de educación y sensibilización. “Estos son avances concretos, pero debemos seguir haciendo más cada día”, afirmó.
Aunque la oposición de centro-izquierda respaldó la ley, advirtió que el enfoque gubernamental se centra únicamente en las sanciones penales y no aborda las desigualdades sociales, económicas y culturales que sustentan la violencia de género.
INTENSO DEBATE
Según la agencia nacional de estadísticas Istat, Italia registró 106 feminicidios en 2024, de los cuales 62 fueron cometidos por parejas o exparejas.
En paralelo, el país vive un intenso debate sobre la educación sexual y emocional como herramienta preventiva. Una iniciativa propuesta por el gobierno busca prohibir estos contenidos en primaria y exigir el consentimiento de los padres en secundaria. Mientras la coalición gobernante la defiende como una medida para “proteger a los niños del activismo ideológico”, partidos opositores y organizaciones civiles la consideran un retroceso.
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