El mito de la austeridad

México, D.F. - Las medidas de austeridad implementadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa como eje de su política presupuestal han fracasado en su intento por reducir el gasto superfluo, eliminar el dispendio y hacer más eficiente el ejercicio de los recursos públicos.
El 3 de diciembre de 2006, dos días después de tomar posesión como presidente de la República, Calderón se comprometió a ahorrar anualmente el 5 por ciento del gasto administrativo y de operación de la Administración Pública Federal a fin de alcanzar un acumulado del 20 por ciento al final del sexenio.
“Mi gobierno se regirá por estrictas reglas de austeridad y eficiencia, esta es una exigencia ciudadana que no debemos ignorar quienes estamos al frente de la responsabilidad de gobernar; es también mi convicción. La austeridad vendrá acompañada de transparencia y rendición de cuentas, habrá apertura para que la ciudadanía conozca cómo se gasta el dinero público; rendiremos cuentas de cada peso que los ciudadanos aporten a la Federación”, prometió el mandatario.
Para lograrlo, se reformó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se perfeccionaron los mecanismos de compras del sector público, se modificó el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, se estableció la obligación de las dependencias de crear indicadores para medir y evaluar sus economías, la política de austeridad se articuló con el Sistema de Evaluación de Resultados, el presidente y sus colaboradores más cercanos redujeron en un 10 por ciento sus salarios y se generó una amplia normatividad interna encaminada a racionalizar el gasto.
A pesar de estos esfuerzos, el costo de operación del Gobierno Federal aumenta a ritmos acelerados, los gastos que el Ejecutivo se comprometió a reducir siguen al alza, los ahorros reportados hasta ahora son, en muchos casos, resultado de las cosas que las dependencias dejaron de hacer y el universo de recursos al que se aplica la política de austeridad es tan limitado que no genera modificaciones importantes en el ejercicio de los recursos.
Cifras oficiales muestran que las medidas de austeridad involucran una mínima parte del gasto corriente del Gobierno Federal. La Cuenta de la Hacienda Pública indica que en 2009 los ahorros se aplicaron a 115 mil millones de pesos y en 2010 a poco más de 99 mil millones de pesos; estas cantidades representan, en promedio, el 11 por ciento del gasto corriente cuyo costo fluctuó entre 936 mil millones de pesos y 941 mil millones de pesos en los últimos cuatro años.
El reporte asegura que entre 2007 y 2010, las economías sumaron más de 221 mil millones de pesos; sin embargo, dicha cifra no se refleja en el costo de la operación del gobierno.
El rubro de servicios personales -salarios de la burocracia- se incrementó de 368 mil millones de pesos a 386 mil millones de pesos en el mismo periodo de tiempo; el gasto en materiales y suministros -adquisiciones de toda clase de insumos requeridos por las dependencias para el desempeño de sus actividades administrativas y productivas- pasó de 9 mil a 12 mil millones de pesos y el pago de servicios generales -todo tipo de servicios contratados por las dependencias- aumentó de 80 mil a 86 mil millones de pesos.
La operación del Gobierno Federal se encareció a un ritmo más acelerado que durante el sexenio pasado. Un comparativo de las administraciones de Vicente Fox y Calderón indica que durante los primeros cuatro años del gobierno foxista, el gasto corriente aumentó más de 51 mil millones de pesos, mientras que en el mismo periodo del gobierno calderonista se incrementó en más de 109 mil millones de pesos.
Un análisis realizado por Reforma a partir de información proporcionada a través de la Ley de Transparencia, señala que las secretarías de Estado -las cuales ejercen la mayor parte de los recursos del Gobierno Federal- prácticamente duplicaron las partidas de gasto que el Ejecutivo se comprometió de manera expresa a reducir: servicios de telefonía celular, pasajes aéreos, viáticos, comunicación social, arrendamientos, asesorías y congresos y convenciones.
Tres ejemplos: los servicios de arrendamiento del Gobierno Federal aumentaron de cerca de 965 millones de pesos en 2007 a más de 2 mil 810 millones de pesos en 2010; el gasto en viáticos al extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales aumentó de 54 a 142 millones de pesos y los servicios de comunicación social y publicidad pasaron de mil millones a 2 mil 671 millones de pesos.
Los resultados de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación al cumplimiento del programa de austeridad, advierten que en materia de plazas, tampoco se han registrado reducciones.
El Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, indica que entre 2007 y 2009, el número de plazas del nivel “mandos medios” se incrementó en 14 mil 377 y el nivel de “mandos superiores” en 212.
El informe advierte que las medidas de ahorro fracasaron, pues entre 2007 y 2009, el gasto administrativo y de operación aumentó, en promedio, 10 por ciento anual al pasar de 95 mil a 115 mil millones de pesos, mientras que en 2010, el ahorro fue de sólo el 1 por ciento de la meta establecida para ese año.
“Se determinó un crecimiento anual del 10.2 por ciento contrario a la tendencia de las metas de ahorro del 20 por ciento... Durante el desarrollo de la revisión, la Auditoría Superior de la Federación verificó que las reducciones del gasto empezaron a reflejarse en el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010... ya que el gasto de operación y administrativo disminuyó en 1 por ciento”, se explica en el documento.

Austeridad sin pies ni cabeza
Para el analista económico Rogelio Ramírez de la O, el programa de austeridad anunciado por el presidente Felipe Calderón es una estrategia sin pies ni cabeza porque no parte de un análisis serio respecto de cuáles son las necesidades de ahorro, los rubros de los cuales se pueden obtener y las acciones que se pretenden llevar a cabo con esos recursos.
“No me merece ninguna opinión como medidas serias porque para plantear un programa de austeridad, sobre todo al comienzo del gobierno, tendría que haberse hecho un pronunciamiento de cuánto es lo que se ha excedido más allá de lo necesario el gasto y sobre ese exceso, plantear una meta que pudo haber sido modesta o ambiciosa, pero ninguna de las dos cosas se hizo”, sostiene.
El director de la firma Economic Analysis for Company Planning opina que la meta de ahorro del 5 por ciento del gasto administrativo y de operación es una broma de mal gusto porque, a cuatro años de su implementación, no reporta mejoras visibles en el ejercicio del gasto público.
“A mí no me parece que una meta como esa (5 por ciento del gasto administrativo y de operación) sea para un programa de gobierno, es una broma de mal gusto... ya se les pasaron cuatro años, ya estamos en el quinto año y los rubros de gasto están aumentando año con año”, insiste.

Ahorros nocivos
El reporte de la ASF advierte también que el programa de austeridad ha resultado contraproducente, ya que puso en riesgo la operación de programas sociales y de inversión.
La revisión del órgano fiscalizador arroja que las medidas de ahorro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) recayeron principalmente en cinco programas sociales: Oportunidades, Desarrollo en Zonas Prioritarias, Hábitat, Abasto Social de Leche -a cargo de Liconsa- y Apoyo Alimentario -a cargo de Diconsa.
En el caso de la SCT, “los ahorros” fueron consecuencia de las reducciones a programas como Proyectos de infraestructura económica de carreteras, Proyectos de infraestructura ferroviaria y Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales.
La Auditoría alerta que no existen indicios de que los ahorros se usaran de manera adecuada y productiva. Los lineamientos en la materia establecen que las economías se regresarán a las dependencias que las generaron a fin de que las inviertan en “programas sustantivos”.
Al respecto, el órgano fiscalizador afirma: “En 2009, los ahorros de las dependencias fueron transferidos al Ramo 23 ‘Provisiones Salariales y Económicas’; sin embargo, la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) no acreditó que esos recursos se reasignaron a los propios programas del ejecutor del gasto que los generó, ni a los programas de inversión en infraestructura y de desarrollo social”.
Sobresale el caso de Sedesol, cuyos ahorros no fueron canalizados a los programas sociales y de combate a la pobreza que tiene a su cargo, de ahí que las economías se convirtieron en ajustes, es decir, reducciones a su presupuesto anual.
Para el órgano fiscalizador, lo anterior es consecuencia del caos que prevalece entre las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, instancias encargadas de coordinar y vigilar el cumplimiento del programa.
De entrada, señala el organismo dependiente de la Cámara de Diputados, ambas dependencias no se coordinaron para determinar la meta a las que se sujetaría la administración pública, es decir, mientras que en 2009 la Secretaría de la Función Pública (SFP) estableció una meta de 14 mil millones de pesos, la de la SHCP fue de más de 15 mil 848 millones de pesos. Adicionalmente, Hacienda cometió errores al registrar las economías del Gobierno Federal. Por ejemplo, los registros de la dependencia señalan que en 2009, la Segob ahorró un millón 276 mil pesos menos que lo comprobado por ésta última.

Metodología confusa
Otro elemento que dificulta el cumplimiento del programa de austeridad es la falta de claridad en la metodología utilizada para medir los ahorros.
Según la SHCP, entre 2007 y 2010 la administración pública ahorró más de 221 mil millones de pesos; sin embargo, no es posible verificar dicha cifra porque la dependencia no ha aclarado cuál es la metodología con la que obtuvo ese resultado y hasta el momento no ha dado a conocer información detallada al respecto.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que el programa de reducción se aplicará al gasto destinado a “actividades administrativas y de apoyo”; el Decreto del Presupuesto de Egreso utiliza el término “gasto operativo, de apoyo y de operación” y los Lineamientos de austeridad se refieren a “servicios personales, gastos de operación y de apoyo y al capítulo 7000 ‘Inversión financiera, provisiones económicas ayudas, otras erogaciones y pensiones, jubilaciones y otras”.
En opinión del investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Raúl Feliz, la información sobre los ahorros de la administración pública dada a conocer por Hacienda es poco confiable.
“Medidas como esa de ‘vamos a ahorrar 5 por ciento del gasto administrativo y operativo’ se puede prestar al engaño... Hacienda va a responder que sí cumplió las medidas de austeridad porque ellos clasifican el gasto y con un simple ajuste que ellos hagan de partidas van a cumplir con lo que ellos quieran”, señala.
Para el académico, el Gobierno Federal ha dado a las medidas de racionalidad una importancia que no merecen, pues lo importante no es ahorrar, sino eficientar la manera en la que se gastan los recursos.
“Yo creo que tenemos que movernos estructuralmente, pero hacia métodos de evaluación del presupuesto de forma distinta, más allá de esas medidas casuísticas de vamos a ahorrar tanto, más bien tratar de evaluar las cosas que hace el sector público; yo no me centraría en esta discusión, yo me preocuparía en diseñar fórmulas para evaluar el gasto público”, agrega.
Más allá de la falta de información detallada sobre los ahorros generados, Fausto Hernández Trillo, director de la División de Economía del CIDE, señala que el programa de austeridad ha dado pobres resultados porque el margen de maniobra del Gobierno Federal para eficientar los recursos públicos es mínimo, pues más del 93 por ciento del presupuesto federal está comprometido antes de que inicie el ciclo fiscal.
“El 92 o 93 por ciento, sino es que ya el 94 por ciento -va a ir creciendo con las pensiones-, ya está comprometido... Hay poco espacio de reducción de gasto, es cierto, podemos hablar de eficientar el gasto, pero eso es otro tema que es la eterna discusión de que es muy eficiente, pero dentro de lo ineficiente no lo puedes reducir”, sostiene.
Para el especialista, la política de ahorro fue un acto mediático del presidente Calderón. “No era tan fácil tener medidas de austeridad, yo sí creo que es mediático, es lanzar el mensaje a la gente de que el gobierno se amarró el cinturón porque en el fondo, alguien que lo analice seriamente, sabe que no se puede”, reitera.

Los dilemas  de Cordero
Ernesto Javier Cordero Arroyo, el primer secretario de Hacienda emanado de las filas del PAN, no será el negociador del Presupuesto 2012.
Así lo aseguran sus colaboradores, quienes argumentan que “sería absolutamente  arriesgado”, tanto para su precandidatura como para el Gobierno Federal, que el aspirante presidencial se sometiera al desgaste de defender el proyecto que la Secretaría de Hacienda debe presentar al Congreso este jueves 8 de septiembre.
Hasta el jueves pasado, el equipo de panistas que prepara la candidatura de Cordero tenía claro que el relevo en la Secretaría de Hacienda debía darse antes de este día, para que ni siquiera sea él quien entregue la propuesta al Congreso.
En la reunión plenaria de diputados del PAN, el 24 de agosto, Cordero aseguró que negociaría el paquete económico.
“No debe haber ninguna duda, siempre me he conducido con toda claridad entre lo que son mis legítimas aspiraciones con mi desempeño como servidor público”, dijo, “hemos actuado con mucha madurez, soy uno de los negociadores del Presupuesto...”.
Según panistas consultados, el equipo corderista, integrado por Rogelio Carbajal, César Nava, Maximiliano Cortázar, Abraham González y Abraham Cherem, entre otros, ponderó varios riesgos en caso de conducir la negociación:
Primero: el PRI podría usar la aspiración presidencial del secretario como condicionante en las negociaciones del paquete económico.
Segundo: comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados para presentar y defender el proyecto implicaría someter a Cordero a los reclamos y cuestionamientos de la oposición.
Además, los panistas cercanos a Cordero aseguran que, a poco más de tres meses para que inicie formalmente el proceso interno del PAN, es necesario que Cordero empiece a visitar a los panistas en sus comités municipales y estatales.
“Liberarse” del cargo, aseguran sus correligionarios, daría a Cordero margen para hacer al menos un par de recorridos nacionales antes de la campaña, una condición que, faltando 10 meses para que se celebren las elecciones federales del 1o de julio del 2012, es vista como obligada para posicionarse.
Quienes dentro del equipo de Cordero llegaron a pronunciarse por mantenerse en el cargo y encabezar la negociación del Presupuesto, argumentaban que esto podría proyectar mejor su imagen y ganar algunos puntos en las encuestas antes del inicio formal del proceso interno. El riesgo, en esa lógica, es que fuera de la SHCP Cordero pierda presencia mediática.
Esa postura fue descartada a partir del lunes pasado, cuando se bajó de la contienda el secretario de Educación Alonso Lujambio, y se despejó la duda acerca de quién sería el precandidato del gabinete, presuntamente apoyado por el presidente Felipe Calderón.
En esta situación, aseguran los estrategas corderistas, hay condiciones para proyectar su imagen y empezar a subir en los sondeos de opinión que, hasta el momento, lo mantienen 20 puntos abajo de Vázquez Mota y de Santiago Creel.