Van dos sujetos 66 años a prisión por desaparición

Jorge Perzabal/EL VALLE
jperzabal@elvigia.net/San Quintín, B.C.

Adán Jiménez Alarcón y José Eduardo Jiménez Zárate han sido condenados a 66 años de prisión cada uno, una de las sentencias más altas impuestas en el estado por el delito de desaparición cometida por particulares.
La Fiscalía General del Estado de Baja California anunció que, gracias al trabajo eficiente de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, se logró esta condena.
Las autoridades informaron que el 31 de mayo de 2022 se presentó una denuncia por la desaparición de Saúl González Marcelo, de 38 años, ante la Fiscalía General del Estado.
Se activó de inmediato el protocolo correspondiente, permitiendo una coordinación efectiva entre el Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Se realizaron diversas diligencias en busca de la víctima, tanto en instituciones gubernamentales como mediante operaciones de búsqueda en campo.

DESAPARICIÓN POR PARTICULARES
La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Investigación Especializada, incluyó un exhaustivo trabajo de campo, análisis de información y entrevistas con testigos. Se estableció que el 28 de febrero de 2022, aproximadamente a las 22:00 horas, Adán y José Eduardo circulaban en un vehículo Scion color negro por la calle Miguel Hidalgo en el fraccionamiento Popular San Quintín.
Al ver a Saúl en una esquina, detuvieron el vehículo y descendieron armados. José Eduardo portaba un rifle R-15 y Adán una pistola. Bajo amenazas, forzaron a la víctima a abordar el vehículo en el asiento trasero y la llevaron con rumbo desconocido, ocultando su destino. La víctima fue localizada sin vida en mayo de 2022.
Los acusados fueron vinculados a proceso el 12 de julio de 2022 por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, y permanecieron en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social.
Recientemente, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia condenatoria, imponiendo a los acusados 66 años de prisión, una multa de 10,500 días y el pago por la reparación del daño.
La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de combatir la criminalidad y garantizar justicia para las víctimas, asegurando que los responsables no queden impunes.