Aplican multa a la Baja 1000
Serán sancionados con hasta por 50 mil salarios mínimos, poco más de 3.5 millones de pesos, por haber realizado parte de su ruta por áreas naturales protegidas, sin permiso
Ensenada, B. C.
Los organizadores de la carrera Baja Mil serán multados hasta por 50 mil salarios mínimos, poco más de 3.5 millones de pesos, por haber realizado parte de su ruta por áreas naturales protegidas, sin contar con el permiso correspondiente y a pesar de que se les había avisado de que no lo hicieran.
La sanción económica está al margen del ejercicio de acciones civiles y penales que resulten aplicables por la violación de diversas normas de carácter ambiental, según establece un comunicado de prensa de la delegación Baja California de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Entre las posibles infracciones cometidas por los promotores de la competencia fuera de camino están: Incumplimiento de lo que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en su artículo 28 fracción XI que señala que quienes pretendan llevar a cabo una actividad en área natural protegida requerirán previamente de la autorización en materia de impacto ambiental.
Falta de presentación de un estudio de impacto ambiental para realizar actividades en dichas zonas, obligatoriedad establecida en el artículo 5 del Reglamento en Materia de Impacto Ambiental de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente.
Según la nota informativa de la Profepa Baja California "de no desvirtuar las irregularidades asentadas en el acta de inspección levantada el 12 de noviembre del presente año podrá ser sancionado administrativamente ( ) con una multa por el equivalente de treinta y cincuenta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción".
Lo anunciado por la Profepa desmiente las declaraciones públicas de Oscar Ramos, representante de Score International, y del secretario de Turismo, Óscar Escobedo Carignan, referente a que la 47 edición de la Baja Mil contaba con los permisos ambientales correspondientes.
Las razones
- Incumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente
- Falta de presentación de un estudio de impacto ambiental para realizar actividades en dichas zonas
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