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Aceptan demanda alumnos vs micros

Los quejosos consideraron que los requisitos para obtener el descuento en transporte público violan sus derechos constitucionales
jueves, 16 de noviembre de 2017 · 00:00

BENJAMÍN PACHECO/EL VIGÍA
bpacheco@elvigia.net | Ensenada, B. C.

El juez del Juzgado Séptimo de Distrito admitió demanda de amparo contra la reforma al artículo 73 bis del Reglamento de Transporte Publico de Ensenada, que presentó un grupo de ciudadanos, el lunes 30 de octubre del 2017, informaron integrantes del grupo Litigio Estratégico “Mariano Otero”.

Conforme a los datos compartidos a El Vigía, los quejosos presentaron la demanda por considerar inconstitucional la reforma, contraria a los artículos 3, 14 y 16 de la norma suprema. De esta forma, el amparo quedó registrado con el número de expediente 499/2017 y fue acordando para el 14 de diciembre la audiencia constitucional.

Julio César García Ortiz, estudiante de derecho, fue nombrado representante común de los quejosos, quienes también son estudiantes de diferentes instituciones educativas públicas y privadas.

Ellos utilizan el transporte público mostrando su credencial, pero con la reforma al reglamento, consideran que son violados los “derechos ya adquiridos por la Ley General de Transporte del Estado”, en los que sólo se pide que los estudiantes muestren su credencial expedida por “instituciones gubernamentales o con reconocimiento oficial de la autoridad correspondientes”.

“Esto es que la institución esté reconocida por la SEP, sin señalar si es pública o privada”, explicó García Ortiz.

PIDEN PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA
Los solicitantes piden al juez federal el amparo y protección de la justicia de la unión, por la reforma al artículo 73 bis del reglamento citado, misma que fue aprobada por el Cabildo el pasado 25 de septiembre.

Posteriormente publicada en el Periódico Oficial el 6 de octubre del presente año, siendo las autoridades responsables de la publicación el gobernador del Estado, el presidente municipal y el XXII Ayuntamiento de Ensenada.

“A estas dos últimas autoridades se les reclama la inconstitucionalidad (de la) reforma al artículo 73 bis del Reglamento de Transporte, por ser contraria a los artículos 3, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando la esfera jurídica de los quejosos.

“Los regidores al aprobar la modificación al Reglamento de Transporte, determinaron que para obtener derecho al descuento de la tarifa preferencial de estudiante, la credencial ‘deberá’ contener una serie de requisitos de ‘forma obligatoria’, siendo el numeral 7 de los requisitos el que restringe derechos adquiridos, que obliga poner en el documento el turno en que el estudiante asiste a clases”, abundó García Ortiz.

CONTRAVIENE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
El estudiante detalló que dicho requisito contraviene la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución, que determina que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

“Los quejosos consideran que este requisito restringe derechos adquiridos en la Ley General de Transporte del Estado, pues dicha norma estatal no lo solicita y el reglamento lo exige obligatoriamente para obtener el descuento preferencial de estudiante”, puntualizó.

Agregó que otro de los conceptos de violación que hacen valer los quejosos, como agravio personal y directo, está relacionado con el artículo 3 constitucional, que toma en cuenta las actividades escolares fuera del horario tradicional de clase, como talleres, conferencias, encuentros artísticos, culturales y deportivos, que suelen darse en verano.

En contraste, los transportistas quieren tomar en cuenta “únicamente un turno”.

De acuerdo a la información, la admisión de la demanda quedó firme el seis de noviembre y la audiencia constitucional será el 20 de diciembre; ahí se dictará el fallo, además de que fue solicitado a las autoridades responsables que presenten su informe con justificación en un plazo de 15 días.

“Los quejosos no solicitaron la suspensión del acto de autoridad, en tanto no se reciba el informe justificado del Presidente Municipal y de la Síndico Procurador, como responsable y representante del XXII Ayuntamiento de Ensenada”, concluyó García Ortiz.

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