Comienza la “Cuarta Transformación”

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA; AGENCIA REFORMA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Con el inicio de la llamada “Cuarta Transformación”, comenzará a implementarse un nuevo modelo de Gobierno en el que múltiples funciones se concentrarán en la Presidencia de la República.

De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública (aprobadas gracias a la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado), desde la Oficina de la Presidencia se manejarán los Programas Sociales prioritarios, la Comunicación Social, los asuntos jurídicos, la estrategia digital e incluso la preservación de la memoria histórica.

Según el nuevo organigrama del Gobierno federal, la Presidencia contará con un consejo asesor empresarial, un consejo asesor en materia de seguridad, un consejo de memoria, una coordinación de desarrollo rural y comisiones especiales, que no existían.

Los cuatro “magníficos”
Desde Presidencia, cuatro funcionarios podrán hacer nombramientos en secretarías de Estado, ejecutar presupuestos y decidir políticas: Alfonso Romo, Jefe de la Oficina; Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo; Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social.

En el rediseño gubernamental destacan, además, las nuevas facultades de la Secretaría de Hacienda, para establecer el sistema de compras consolidadas y el nombramiento de los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas que sustituirán a los Oficiales Mayores, así como la centralización de los órganos internos de control (OIC) desde la Secretaría de la Función Pública.

Es decir, los secretarios de Estado operarán con al menos cuatro funcionarios nombrados desde otra instancias: Titular de Administración y Finanzas (antes oficial mayor), Jefe de Unidad Jurídica, contralor o titular de OIC y enlace de Comunicación.

“Revive” oficina de presidencia
La creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la sustitución de la Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría del Bienestar también son parte de la “Cuarta Transformación”.

Para ejercer el poder, Andrés Manuel López Obrador recurrirá a una figura creada por Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 1988: la Oficina de la Presidencia, que ocupó el polémico José Córdova Montoya hasta el 30 de marzo de 1994 y que entró en desuso en 1997, cuando Ernesto Zedillo decidió desaparecerla.

La oficina fue retomada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, para otorgarle facultades extraordinarias de gobierno e influencia política a su principal colaborador, Juan Camilo Mouriño.

Con Enrique Peña Nieto, la Oficina fue ocupada por Aurelio Nuño (quien operó desde ahí las reformas del Pacto por México) y por Francisco Guzmán.

En las reformas aprobadas por Morena para preparar el arribo del nuevo Presidente, se mantiene la Oficina como instancia de “apoyo directo” al titular del Poder Ejecutivo, “para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica”. Y se especifican tres tareas adicionales:

“Definir tecnologías de informática, tecnologías de la información y comunicación (TIC) y gobierno digital. Formular y conducir la política de comunicación social del Gobierno federal y establecer el modelo organizacional y de operación de las unidades administrativas que realicen actividades en esta materia. Difundir y proyectar el derecho a la Memoria de la Nación”.

Consejo Asesor Empresarial
Adicionalmente, el Presidente electo anunció que desde esta Oficina se coordinará el consejo asesor de empresarios, en el que confluyen dueños y representantes de las televisoras (Ricardo Salinas Pliego, Olegario Vázquez Aldir y Bernardo Gómez) y otros empresarios: Carlos Hank González, Miguel Alemán, Miguel Chávez, Daniel Rincón y Sergio Gutiérrez.

La oficina será coordinada por el empresario Alfonso Romo, quien desde hace un par de años es uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador.

Los “súperdelegados”
Una de las reformas más importantes a la ley de la APF fue la del artículo 17, que anteriormente sólo establecía la existencia de delegaciones u “órganos administrativos desconcentrados” de las Secretarías de Estado, con facultades para resolver en la materia de cada dependencia y dentro del ámbito territorial específico.

Con este artículo, se dio pie a la creación de una red de delegados del Gobierno federal (al menos uno por cada secretaría y órgano desconcentrado), que tenían interlocución con los gobiernos locales y la facultad de operar programas sociales.

Al llegar a la Presidencia en 2006, Calderón nombró a militantes panistas en la mayor parte de las delegaciones y, aunque seguían adscritos a las Secretarías de Estado, en los hechos los delegados eran coordinados por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño.

De 516 delegaciones que había en 2009, 350 eran encabezadas por militantes del PAN, ejerciendo un presupuesto de más de 8 mil millones de pesos.

Con Enrique Peña Nieto, los priistas volvieron a las delegaciones a partir de 2012, y no faltaron las denuncias de la oposición acerca del uso político que se hacía de estas oficinas.

En su administración, López Obrador contará con un ejército de “coordinadores estatales de Programas de Desarrollo” (todos con el perfil de operadores de Morena en sus Estados) y con una oficina que, desde la Presidencia, tutelará a estos “súperdelegados”.

Gabriel García Hernández, quien fuera director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal cuando AMLO fue jefe de Gobierno, será el coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo.

Según la nueva Ley de la APF, las delegaciones de Programas para el Desarrollo tendrán a su cargo “la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, supervisión de los servicios y programas a cargo de las Secretarías, las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población”.

Consejería jurídica
El abogado Julio Scherer Ibarra, asumirá la oficina desde la cual se brindará apoyo técnico-jurídico al Presidente. La Consejería mantiene las más de 10 atribuciones contempladas en los artículos 43, 43 Bis y 43 Ter de la Ley Orgánica de la APF, entre las que destacan la revisión y elaboración de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos y resoluciones presidenciales.

Y agrega una facultad: el nuevo consejero jurídico podrá nombrar y remover a los titulares de las unidades jurídicas de las Secretarías de Estado y otras entidades del Gobierno federal, aunque estarán adscritos, administrativa y presupuestalmente, a la dependencia donde laboren.

Comunicación
Jesús Ramírez Cuevas, periodista, ex asambleísta constituyente en la CDMX y colaborador de AMLO desde hace más de una década, será el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia.

Bajo la tutela del jefe de la Oficina de la Presidencia, Ramírez concentrará las funciones de Comunicación Social del Gobierno federal, coordinando a un equipo de enlaces en las secretarías de Estado y las demás dependencias federales, que sustituirán a los anteriores coordinadores generales de Comunicación de cada área.

Aunque se ha dicho que la relación institucional con los medios y la contratación de la publicidad oficial se ejercerán desde Presidencia, la Ley de la APF ya reformada otorga a la Secretaría de Gobernación esas funciones.

“Elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conforme a la Constitución y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y las relaciones con los medios masivos de información...”, dice la fracción VIII del artículo 27 de dicha ley.

La nueva redacción del artículo 27 también establece que la Segob tiene como atribuciones: “autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

Creación de comisiones
Además, una reforma al artículo 21 de la Ley de la APF facultará a López Obrador para crear comisiones que lo auxilien en el despacho de diversos asuntos.

El dictamen indica que las “comisiones intersecretariales” serán creadas por el Presidente para el despacho de asuntos en los que deban intervenir varias secretarías de Estado.

Las “consultivas” serán integradas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, para emitir una opinión sobre algún tema específico.

Y las “presidenciales” podrán ser formadas por funcionarios, especialistas o profesionistas y ex servidores públicos de otros poderes u órdenes de Gobierno, para ejecutar funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que servirán de base para la toma de decisiones.

Seguridad y protección ciudadana
Con la llegada de AMLO a la Presidencia, resucitará la Secretaría de Seguridad Pública creada por Vicente Fox en el 2000 y desaparecida por Enrique Peña Nieto en 2012.

A la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que estará a cargo del ex foxista sonorense Alfonso Durazo, se le asignaron 24 facultades que, en el sexenio de Peña Nieto, eran de Gobernación.

Destacan, entre otras: proponer al Ejecutivo la política criminal, proponer políticas y lineamientos en carrera policial y el programa rector para la profesionalización policial, administrar el sistema penitenciario federal; organizar, dirigir y supervisar el Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen, que AMLO prometió desaparecer); proponer al Presidente el nombramiento del comisionado general de la Policía Federal y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunque en el papel el secretario Alfonso Durazo coordinará la política de seguridad, en los hechos la estrategia que anunció AMLO el pasado 15 de noviembre le resta atribuciones. Por un lado, se anunció la creación de una Guardia Nacional que implicará la desaparición de la Policía Federal (brazo operativo de la Secretaría de Seguridad). Y, por otro, se otorgó al próximo secretario de la Defensa Nacional el mando del nuevo cuerpo.

Para crear la Guardia Nacional, AMLO y Morena iniciaron el proceso legislativo para reformar 13 artículos de la Constitución; entre otras cosas, para eliminar la prohibición a autoridades militares de realizar funciones distintas a las de la disciplina militar en tiempos de paz.

Centralización del poder
Expertos advierten que el esquema administrativo propuesto por el próximo gobierno centraliza el poder a partir de dos elementos: el político y el presupuestal.

El doctor en Administración Pública, José Juan Sánchez, indica que no es casualidad que las instituciones más reforzadas con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda.

“La propuesta de esta iniciativa no es descentralizar el gobierno; por el contrario, es controlarlo presupuestal y normativamente, pero al mismo tiempo tiene un proyecto político de fondo: consolidar la presencia de Morena en todo el Gobierno federal, pero también en los Estados”, asegura.

El especialista de la UNAM indica que el mejor ejemplo de esta centralización es la creación de la figura de los “súperdelegados” y la adscripción de la coordinación de éstos a la Presidencia de la República.

Para el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Guillermo Cejudo, Hacienda no sólo ejercerá un control presupuestal sino también administrativo, al tener a su cargo la designación de los funcionarios públicos encargados de revisar aspectos fundamentales para el desempeño diario de las instituciones, como recortes de personal, la autorización de viáticos, la aprobación de proveedores o el pago de vehículos.

El académico advierte que este esquema implica riesgos, ya que demanda capacidades operativas que hasta ahora no han sido desarrolladas por dependencias como Hacienda.

Todo ello, advierte puede terminar volviéndose un cuello de botella a la hora de operar.