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Piden revisar la legítima defensa
REDACCIÓN/EL VIGÍA
Tijuana, B. C.
Para defender sus posesiones de actos delictivos, como robos en sus distintas modalidades, grupos de vecinos han implementado estrategias de seguridad, las cuales deben ser analizadas para otorgar las suficientes garantías a los ciudadanos, declaró el especialista en derecho penal, Álvaro González.
Comentó que debe destacarse que dichas acciones no son contrarias a derecho. Inclusive, la unión de la sociedad a través de estas acciones esta dentro del marco de la ley, consagradas en en el artículo 16 constitucional, donde reza que “cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad”. De la misma forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 146, da los supuestos de flagrancia aún de manera más clara, expresó.
Destacó que es importante distinguir cuándo se cae en los excesos, y saber que hay limitantes en las detenciones ciudadanas; ya que no se contemplan actos de investigación de los delitos y su detención, ya que esto implicaría la comisión de un delito.
PRIVACIÓN ILEGAL
Puso como ejemplo la privación ilegal de las personas ya que ésta competencia la tiene única y exclusivamente el ministerio público, siendo la única arma la denuncia.
“Es importante que el Congreso local revise el tema de la legítima defensa y le otorgue las garantías suficientes al ciudadano de bien, porque es lastimoso que las leyes sean para la sociedad y es la que menos la entiende.
Además, el Congreso de la Unión debe ver la intromisión a un domicilio, como delito que merezca prisión preventiva oficiosa, ya que en mi punto de vista nuestros hogares deben considerarse el lugar más seguro y el delincuente debe considerarlo el lugar más peligroso para cometer un delito, y es al revés, en estos momentos”, manifestó.
Añadió que es recomendable que los ciudadanos que detengan a una persona en flagrancia llamen de inmediato a la autoridad, que no se excedan en tratar de investigar más allá y que jamás lesionen a la persona para que no existan repercusiones jurídicas.
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