Un billón de pesos ¿para comprar votos?

AGENCIA REFORMA
Ciudad de México

Casi una quinta parte del presupuesto federal se destinará en 2018 a la operación de programas y acciones sociales que, por su deficiente diseño y sus altos grados de opacidad y discrecionalidad, podrían ser utilizados para la compra y coacción del voto.

De cara a las elecciones “más grandes de la historia” (en las que están en juego la Presidencia de la República, las dos Cámaras del Congreso, nueve gubernaturas y más de 3 mil cargos locales), los programas sociales pueden alimentar lo que los expertos definen como un “mercado de votos”.

Alejandro González, especialista en política social, advierte que los programas sociales que se aplican actualmente desde el gobierno federal presentan grados de opacidad que no se registraban hace más de dos décadas.

Por su parte, el antropólogo Felipe Hevia de la Jara sostiene que los procesos electorales en el país se han convertido en “mercados” donde los ciudadanos venden su sufragio al mejor postor y en donde la política social es utilizada como moneda de cambio.

Programas sociales
Actualmente, existen 150 programas y acciones sociales federales que, en total, suman recursos por más de 910 mil 283 millones de pesos.

De esos programas, 85 no cuentan con Reglas de Operación y 66 no tienen padrón de beneficiarios, lo que dificulta transparentar las acciones que realizan, la manera en la que ejercen sus presupuestos y el destino final de los apoyos que se entregan.

La información disponible indica que 56 por ciento de esos programas tiene como principal objetivo la entrega de apoyos monetarios o el otorgamiento de servicios a sectores vulnerables, entre los que sobresalen personas en situación de pobreza, con discapacidades, adultos mayores, madres trabajadoras y productores rurales.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la dependencia que más acciones y programas sociales tiene a su cargo (31); seguida por las secretarías de Salud (17), de Desarrollo Social (16), de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (16) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (11).

Sedesol es la institución que opera los programas con subsidios más grandes: Prospera -con componentes a cargo de las secretarías de Salud y de Educación Pública-, que en 2018 tendrá un presupuesto superior a los 82 mil millones de pesos, y Pensión para Adultos Mayores, con cerca de 39 mil 473 millones.

El primer programa atiende a más de 6 millones 744 mil familias -alrededor de 27 millones de personas-; mientras que el segundo entrega apoyos económicos a más de 5 millones de personas.

El Presupuesto de Egresos de la Federación indica que, de los más de 910 mil millones de pesos que conforman la bolsa de programas y acciones federales en 2018, más de 407 mil millones serán erogados mediante subsidios a personas físicas y morales, y a instituciones públicas.

Alejandro González, experto en política social, indica que los programas que actualmente están en operación presentan un grado de opacidad y discrecionalidad inédito en muchos años.

Explica que la reingeniería del gasto puesta en marcha al inicio del actual sexenio implicó la desaparición y fusión de casi la mitad de las acciones sociales.

Ante ello, muchos de los programas que actualmente se aplican son nuevos y aún no cuentan con reglas de operación y padrones de beneficiarios.

En lo que va de este sexenio, el número de programas y acciones sociales federales se redujo de 278 en 2013, a 150 en 2018.

El especialista señala que, hasta hace algunos años, el número de programas sociales con padrones abarcaban hasta el 80 por ciento de la política social. Para 2018, éstos representan sólo el 44 por ciento.

Esto favorece el uso político de los programas, porque abre espacios para la opacidad y la discrecionalidad.

“Al integrarlos, se convierten formalmente en programas nuevos y hay que volver a empezar, hay que integrar sus padrones, decantarlos, crearles nuevas reglas de operación, establecer la nueva normatividad. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Efectivamente, hay un rezago grandísimo desde que hicieron la reingeniería del gasto; no han podido ponerse al día y no se van a poner al día antes de las elecciones”, afirma.

González sostiene que este panorama es especialmente grave si se toma en cuenta que la elección de este 2018 puede ser reñida.

“Estamos llegando a la elección con peores niveles de institucionalidad de los programas sociales de los que teníamos en la elección federal anterior y, de nueva cuenta, será una elección competida en donde, además, el poder también está fragmentado. Van a entrarle con todo”, advierte.

Mercado de votos
El antropólogo Felipe Hevia de la Jara advierte que las elecciones en México se han convertido en un “mercado de votos” en el que confluyen prácticas como la extorsión, la coacción y la compra, y en donde los programas sociales son la principal moneda de cambio.

El investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antrología Social (Ciesas) señala que este mercado no se limita al día de la elección, sino que opera de manera permanente.

Explica que si bien es operado por una red que incluye a partidos políticos y a personas con poder político y económico, son los intermediarios los que mantienen aceitada la maquinaria electoral que hace que funcione.

Los intermediarios, también conocidos como brokers, no sólo operan a favor de un partido político o de un candidato, sino que establecen relaciones de afinidad con los votantes potenciales con el objetivo de convertirse en facilitadores indispensables para “resolver” su día a día.

“Hay una enorme cantidad de áreas grises en donde las personas resuelven su cotidianeidad por medio de estas redes informales, sobre eso van construyéndose liderazgos informales que van resolviendo las necesidades y problemas de la gente y ahí va actualizándose esta relación”, dice.

El antropólogo sostiene que en este mercado hay quienes votan bajo amenaza de perder algún beneficio, pero también están quienes venden su voto con absoluta conciencia.

“Cuando la figura de coacción es el soborno hay una acción mucho más racional de los actores de decir: ‘bueno, el voto vale poco’ o ‘todos los políticos son iguales y, ante esta situación, vendo mi voto’. Esa compra del voto vía el soborno es la que se utiliza mucho y donde hay una lógica de mercado, donde sí hay un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, en donde el voto puede costar cierta cantidad y se va negociando según qué tan reñida sea la elección”, detalla.

Hevia de la Jara indica que este mercado vive de la desconfianza de la ciudadanía hacia los procesos electorales y del poco valor que una gran parte de los mexicanos le otorgan a la democracia.

Según el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (cuya última versión la publicó el INE en 2015), sólo el 53 por ciento de los mexicanos considera que la democracia es preferible a otro sistema político. El apoyo a la democracia cayó 5 puntos respecto a 2012, cuando ese respaldo era del 58 por ciento.

El mismo estudio revela que para el 50 por ciento de los mexicanos la democracia es “un sistema donde muchos participan, pero pocos ganan”.

“México comparte los últimos lugares de apoyo a la democracia; entonces, en un entorno en donde la democracia vale tan poco, tiene tan poco valor o tan poca utilidad para la gente, pocos van a estar reclamando o diciendo: ‘¿cómo vendes tu voto si eso es inmoral o antiético?’”, señala el especialista.

La compra de votos tiene efectos catastróficos, advierte, porque pone por encima del bien común un interés personal.

“Se altera notablemente la representación electoral, porque subrepresenta o sobrerepresenta a las minorías, es decir, hay ciertas minorías que están sobrerepresentadas, sobre todo las que tienen capacidad de movilizar recursos, y hay otros grupos o expresiones sociales que van a quedar subrepresentadas, porque no tienen esa capacidad de participar en este mercado de votos”, insiste.

Blindaje inútil
Los especialistas coinciden en que son inservibles las estrategias de blindaje a los programas sociales, anunciados cada que hay elecciones, porque no tienen respaldo social, se aplican sólo durante las campañas electorales y el día de los comicios, y quienes los firman son los principales beneficiarios del uso electoral de éstos.

“La sociedad tiene poco interés en lo público y eso genera que estos sistemas de blindaje electoral no vengan acompañados de una demanda ciudadana de transparencia”, indica Felipe Hevia de la Jara.

Y agrega: “estos sistemas muchísimas veces son producto de una simulación para firmar actas y sacarse fotografías y no de un trabajo comprometido, porque hay un interés de todos los partidos políticos de utilizar los programas sociales”.

Para Alejandro González, el blindaje no es efectivo porque omite que la operación electoral es una práctica constante y sistemática.

“¿Qué pueden hacer a estas alturas? El programa ya existe, el recurso ya está dado, lo único que van a poder hacer es evitar que hagan entregas masivas y públicas. Pero: ¿eso evita realmente que hagan entrega de los bienes y servicios?, pues no. ¿Eso evita que fluya el dinero que están entregando?, claro que no. La única diferencia es que no se hace público. Hasta sale peor, porque así no los puedes monitorear”, critica.

El Programa de Blindaje Electoral vigente para las próximas elecciones ordena resguardar las instalaciones y el parque vehicular de la Sedesol 48 horas antes de los comicios, prohíbe condicionar la entrega de apoyos, suspende las reuniones masivas con beneficiarios desde el inicio de las campañas hasta el día de la elección y establece que el empadronamiento a programas sociales se reactivará hasta el 2 de julio.

El gasto social

2018
El Gobierno federal prevé gastar casi un billón de pesos, equivalentes a la quinta parte del Presupuesto de Egresos, en programas y acciones sociales durante este año.

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910,283.3
millones de pesos etiquetados para programas y acciones sociales del gobierno federal.

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150 programas y acciones sociales federales en 2018.

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65 programas cuentan con reglas de operación.

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85 no cuentan con reglas de operación.

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84 programas tienen padrón de beneficiarios.

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66 no tienen padrón de beneficiarios.

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44 programas entregan apoyos monetarios.

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40 programas proporcionan servicios.

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42.6% de los programas sociales son concentrados por SEP,

Salud y Sedesol.


Prospera

El programa social federal más grande

-82,226 mdp es el presupuesto para 2018

-6.7 millones de familias beneficiarias

-27  millones de beneficiarios