Investigan a Capufe por irregularidades

Redacción/EL VIGÍA
Tijuana, B. C.

La Secretaría de la Función Pública Federal mantiene abierta una investigación en contra de funcionarios de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) de Baja California, presuntamente involucrados en diversas irregularidades administrativas detectadas durante los últimos años en obras carreteras y que podrían superar los 200 millones de pesos.

En las investigaciones que ya fueron retomadas por auditores de la actual administración federal, aparecen los nombres de varios ex delegados y del subdelegado Técnico de Capufe en Baja California, Ing. Ramiro Martínez Medina, responsable directo de la supervisión de las obras de rehabilitación en las autopistas Tijuana-Ensenada y La Rumorosa-Tecate.

En ambos casos, en la que involucran también a empresas favorecidas con millonarios contratos, funcionarios de Capufe pudieran estar involucrados “por actos y omisiones”, señala un documento oficial de la SFP.

Las irregularidades a las que ya le está dando seguimiento personal de la citada dependencia federal, están relacionadas con obras no realizadas, alteraciones en las declaraciones de impuestos y pagos en exceso, entre otras, en las que participaron, en el primero de los casos, funcionarios de Capufe en Baja California, quienes autorizaron los pagos, así como a la empresa Gluyas Construcciones.

La revista Proceso reveló que una auditoría de julio de 2017 (la número 16/127) observó que la empresa Gluyas Construcciones “no realizó los trabajos conforme a lo presupuestado, determinándose pagos en exceso, sin cuantificar el posible quebranto patrimonial”.

El 14 de mayo del 2017, el OIC realizó una visita de inspección en la autopista Tijuana-Ensenada y detectó deficiencias en la integración de los precios extraordinarios, en los que se presume un daño patrimonial por 33.4 millones de pesos derivado de errores de cálculo y falta de soporte documental en la integración de los auxiliares que conforman la matriz del precio, entre otras.

Un año después, en el 2018, auditores de la Secretaría de la Función Pública reportaron que en un recorrido de revisión a las obras relativas al contrato 4500025271, correspondientes a trabajos de estabilización de emergencia técnica en el kilómetro 94 de la autopista Tijuana-Ensenada, se detectaron diversas irregularidades.

El documento del que se dio cuenta al subdelegado técnico de Capufe, Ing. Ramiro Martínez Medina, se señalan deficiencias en las propuestas ganadoras en los contratos mencionados, en los cuales se integraron de manera incorrecta conceptos de trabajo sin apegarse al procedimiento constructivo y especificaciones particulares y generales referidas en las bases de licitación.

En el análisis del consto indirecto, el personal considerado no corresponde al propuesto en el programa de personal técnico, el análisis y cálculo del factor del salario real no se apegó a la normatidad vigente y el análisis de financiamiento presenta un error de cálculo.

En todos estos casos, la Secretaría de la Función Pública considera que el monto total de la afectación al erario se estima en alrededor de 112 millones 616 mil pesos, de los que destacan 84.3 millones de obras no realizadas.

INCUMPLEN EMPRESAS: FUNCIONARIO EN FUNCIONES
A pesar de las irregularidades detectadas y los incumplimientos en plazos para la terminación de obras, el subdelegado técnico continúa al frente de su oficina en dicha dependencia federal.

Otro ejemplo de obra inconclusa que ha generado inconformidad entre los automovilistas es el tramo de la carretera de cuota La Rumorosa- Tecate, la cual debió haber quedado terminada y entregada desde el 15 de abril del 2018.

Los trabajos consisten en la rehabilitación estructural del pavimento con concreto hidráulico del kilómetro 69+550 al 80+000 en ambos cuerpos de la carretera, los cuales están considerados en el contrato 4500026287 y están a cargo de las constructoras Makro, S.A de C.V. en participación conjunta con Magnamaq, S.A. de C.V.

La obra, que presenta un retraso de 9 meses, continúa a pasos forzados, en tanto el responsable directo de la supervisión se mantiene en el cargo, aunque hoy sujeto a investigación.