Toca al Estado dar garantía de libertad

Redacción/EL VIGÍA
Tijuana, B. C.

“El Estado está obligado a garantizar el respeto y aplicación de los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos y evitar que se cometan abusos en contra de los periodistas, con el propósito de contrarrestar y erradicar los actos que pueden inhibir o limitar la libertad de expresión, como lo establece el marco jurídico de nuestro país”, expresó Jaime Bonilla Valdez.

Al condenar el asesinato en contra del periodista Santiago Barroso, ocurrido en el estado de Sonora el pasado viernes 16 de marzo, Bonilla Valdez advirtió que este crimen se agrega a una larga lista de ataques contra la libertad de expresión que cometen quienes se mueven en la impunidad debido a un muy poco eficiente aparato de justicia”.

Tras coincidir con el respeto y garantías plenas a la libertad de expresión, Bonilla Valdez destacó que, de acuerdo con la ley de responsabilidades, todo servidor público tiene como obligaciones, la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y las sanciones que correspondan.

“El ejercicio periodístico fundamentado en la libre expresión de la palabra, es la parte más importante de toda democracia, es un derecho humano fundamental que va de la mano de los demás derechos que nos permite expresar nuestras ideas y pensamientos en torno a un determinado asunto”, indicó Bonilla Valdez.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para los trabajadores de la prensa, según diversas instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La organización no gubernamental (ONG) artículo 19 contabilizó al menos 46 periodistas asesinados durante el anterior sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Bonilla Valdez consideró que otro enorme riesgo en el que se encuentra inmerso el periodismo, como actividad profesional, es el gran auge que están teniendo las redes sociales, “lo que está siendo aprovechado por una gran cantidad de grupos para tratar de vulnerar o destruir la credibilidad de personas, ya que suelen divulgar informaciones engañosas con perfiles falsos”.

Sin embargo, reiteró su absoluto respeto a la libertad de expresión, derecho que está regulado en los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales señalan que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, así como que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia.