Critican exclusión de IP y ciudadanía

Redacción/EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

Cómo una decisión arbitraria, excluyente y contraria al interés público, fue considerada la decisión del Gobierno del Estado con el aval de los diputados de Morena y sus aliados, de eliminar la representación ciudadana y de cámaras empresariales de los consejos de administración de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada.

Así lo expusieron la presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Amalia Vizcarra Berumen, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) Carlos Ibarra Aguiar.

Los líderes empresariales manifestaron que el Dictamen Número 70 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto a la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de las comisiones estatales de servicios públicos del Estado de Baja California, presentada el 29 de septiembre de 2020, “es una expresión más del desprecio que este gobierno tienen por ejercer una administración transparente”.

Los dirigentes empresariales rechazaron los argumentos que el Gobierno de Baja California esgrimió en la exposición de motivos de la iniciativa de que la participación como consejeros representantes de la Canacintra y la Canaco “...no contribuyo a mantener las finanzas sanas de lo organismo o al menos contar con solicitudes de auditorías o acciones contundentes que evitaran el robo de agua a los bajacalifornianos por tantos años.”

“Es falso, como lo afirma el Artículo Cuarto del dictamen aprobado, que haya habido algún grado de afectación por la supuesta indiferencia y omisión de los que integraban los consejos de administración de los organismos operadores del agua de miles de millones de pesos por cuentas por cobrar del rubro empresarial y comercial a los que se han llamado grandes deudores”, precisaron.

Niegan conflicto de interés
Los voceros de Canacintra y CCEE también negaron que sus representantes en la Cespe en el caso de Ensenada, tuvieran algún tipo de conflictos de interés, ya que ninguno realiza funciones directivas u operativas, además de que su posición es honoraria, sin prerrogativas.

Explicaron que en todos los consejos de administración de los organismos operadores el gobierno siempre ha tenido mayoría para tomar las decisiones que han querido, mismas que los representantes de las cámaras, difícilmente podían cambiar.

“Los argumentos de la Administración estatal y de sus empleados los diputados tienen el único interés de justificar la cancelación de la participación de la sociedad a través de grupos organizados como las cámaras para evitar la vigilancia en el manejo de las paraestatales y librarse de sus opiniones incómodas y a veces críticas, para que las cosas se hicieran lo mejor posible para brindar un mejor servicio a la comunidad”, señalaron.

Antes, en el caso de Ensenada, la Cespe tenía un consejo de administración plural integrado por siete miembros, cuatro gubernamentales, un ciudadano propuesto por el Cabildo y, dos provenientes del sector empresarial a través de Canacintra y Canaco.

En el dictamen aprobado por los diputados, el consejo queda integrado exclusivamente por cuatro funcionarios de Gobierno del Estado y el presidente municipal en turno.

Los dirigentes empresariales lamentaron el papel de los diputados Claudia Agatón Muñiz, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, Montserrat Caballero Ramírez, Miriam Elizabeth Cano Núñez, Julia Andrea González Quiroz, Juan Manuel Molina García, Víctor Manuel Moran Hernández, Efrén Enrique Moreno Rivera, Ramón Vázquez Valadez, María Luisa Villalobos Ávila, Eva Gricelda Rodríguez, y Julio César Vázquez Castillo.

“Queda claro que con esta acción reiteraron su lealtad a su jefe el gobernador del Estado y optaron por dar la espalda a la sociedad”, subrayaron.