Aprueban engomados para ‘autos chocolate’

Gerardo Sánchez/EL VIGÍA
gsanchez@elvigia.net | Ensenada, B. C.

Con el argumento de mejorar la seguridad pública y proteger el medio ambiente, la XXIII Legislatura aprobó crear el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, organismo que registrará y expedirá identificaciones a vehículos internados irregularmente al país.

De acuerdo al dictamen presentado por el diputado Juan Manuel Molina García, dicho instituto: “garantizará la seguridad e integridad de los habitantes del Estado de Baja California, implementando las acciones necesarias para lograr la plena identificación, ubicación y relación con el propietario de los vehículos automotores de procedencia extranjera que se encuentren dentro del Estado”.

Según lo expuesto por dicho congresista el instituto complementará y fortalecerá la función de control vehicular.

Sin embargo, se puntualiza en el comunicado emitido al respecto por el Poder Legislativo: “en ningún caso el Censo de Identificación Vehicular, los documentos o procesos que lo amparen, no constituyen un instrumento oficial con el que se acredite la legal estancia del vehículo dentro del territorio de Baja California, ni mucho menos su importación o regularización, pues ello corresponde a las leyes federales de la materia”.

El mencionado instituto contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión.

En dicho dictamen se establece cuáles son los requisitos para el registro y solicitud de identificación: “documentos que acrediten legalmente la propiedad; mostrar licencia de conducir vigente del Estado cuando sea persona física y, en el caso de personas morales, presentar comprobante de domicilio, copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, identificación oficial del representante legal y documentación en la que conste la personalidad jurídica del compareciente, así como mostrar el vehículo para su identificación”.



Sancionar a promotores
En la misma sesión los legisladores bajacalifornianos aprobaron una reforma al Artículo 250 del Código Penal del Estado para sancionar a quienes promuevan el uso de los llamados autos chocolate, lucren con esa actividad y ofrezcan -en forma engañosa- la regularización y legal estancia de esos vehículos.

La reforma quedó de la siguiente manera: “Comete el delito en contra del servicio de control vehicular, la persona que sin contar con la autorización de la autoridad pública competente, promueva o expida cualquier tipo de documentos, insignias, engomados, láminas o cartones de identificación vehicular, con la promesa o convicción para quien los recibe, que con ellos podrá circular en vehículos de motor que no cuenten con documentos que acrediten su estancia y circulación legal en el territorio del Estado”.

Dicho delito se perseguirá de oficio y contempla de 3 a 9 años de prisión y multa de quinientas a dos mil veces Unidades de Medida de Actualización (UMA). El delito podrá imputarse tanto a empresas, como a organizaciones y/o personas morales.