Exhiben a corporaciones que “huachicolean” agua

REDACCIÓN/EL VIGÍA
Tijuana, B. C.

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, y la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, revelaron los avances en auditorías efectuadas a empresarios y corporativos ligados al robo de agua.

Apoyados en videos documentales y testimoniales, informaron parte una investigación de casi 400 cuentas de usuarios de agua y drenaje sanitario, en la cual están implicados funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), por lo que se configuran como actos de corrupción.

Bonilla Valdez indicó que cada miércoles brindará un reporte actualizado de los avances en las inspecciones para fincar responsabilidad a los implicados, tanto empresarios como empresas y empleados o funcionarios de la Cespt.

Robo a la nación
En el ámbito penal se investigarán por la Fiscalía General, a la vez que se pedirá que intervengan la (Comisión Nacional del Agua) Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues los ilícitos son comparables al delito de robo a la nación.

La secretaria de Honestidad y Función Pública del Estado, Vicenta Espinosa Martínez, detalló los resultados de las revisiones contables, administrativas y operativas a los grandes consumidores, en los cuales detectaron que había más gasto que ingreso, y cobros por consumos mínimos que no correspondían al gasto.

Manuel García, representante de la empresa de auditores Fisamex, hizo referencia a las inspecciones físicas y presenciales efectuadas a compañías como al parque industrial Grupo Finsa, Samsung, Hyundai y Coca Cola, de las cuales se rastrearon conexiones o tomas clandestinas para abastecerse de agua y líneas de descargas contaminantes en la red de drenaje.

Bonilla Valdez advirtió que dichas compañías no solo son auditadas por la empresa externa, sino por la Auditoría Superior del Estado, y quien no corrija sus malas acciones tendrán otro tipo de tratamiento, que deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y vincular a proceso a los responsables.